La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de Naciones Unidas, y la organización Human Rigths Watch mostraron hoy su preocupación por el “uso excesivo de la fuerza” aplicado por la policía de la provincia de Jujuy, al mando del gobernador Gerardo Morales, para disolver las protestas que se generaron tras la aprobación de la nueva constitución.
Detenciones masivas, arrestos a menores de edad, uso excesivo de la fuerza frente a “cortes de rutas no violentos” y exclusión de comunidades originarias: esos son los principales motivos que argumenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la represión en Jujuy en un comunicado publicado este martes.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”, inicia el comunicado del organismo que depende de Nacionales Unidas.
En ese mismo texto, la CIDH llama a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El organismo internacional denuncia que “fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la situación continúa en desarrollo. Al respecto, la CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones”.
Apuntando que el origen de las protestas es las “reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta” sin “la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.
En ese sentido, solicitaron “asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes” y reiteraron que los cortes de ruta “son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana. Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW publicó un tweet en el que indicó que “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy”. La directora del organismo internacional de derechos humanos dijo que “la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”. (DIB