En medio de grandes debates entre los adalides de la seguridad y los defensores de los derechos humanos, en agosto de 2022 se aprobó en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. Una vez superadas las polémicas internas, la implementación del sistema no avanza y todavía no se hizo el llamado a licitación. Desde la intendencia le apuntan a Nación, ya que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no facilitó aún el acceso a las imágenes de la principal base de datos de prófugos.
Para su funcionamiento, el sistema aprobado hace ocho meses en Mar del Plata necesita utilizar la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). Allí se pueden consultar de manera pública los más de 40.000 casos actuales de personas prófugas, con nombre y apellido, DNI, jurisdicción, juzgado interviniente y condena, entre otros datos. Lo importante en este caso son las imágenes de las personas prófugas de la Justicia, que son restringidas. Un software que operará desde el Centro de Operaciones y Monitoreo cotejará los datos biométricos de transeúntes con la base de datos del Conarc, que depende de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Si un caso resultara positivo se lanza una alerta a las fuerzas de seguridad.
Sin respuestas
La cuestión es que desde fines del año pasado el gobierno de Guillermo Montenegro intenta avanzar en las gestiones con el Ministerio de Justicia, que hoy conduce Martín Soria, para para poder acceder a la base de datos con las personas prófugas. Sin embargo, en la administración local todavía no han recibido respuestas de parte de Nación, según cuenta el portal local 0223.
“Nosotros ya estamos elaborando los pliegos para llamar a licitación pero el Ministerio de Justicia todavía no nos dio la base con los prófugos y eso es lo que nos está complicando”, reconocieron autoridades del Ejecutivo.
“La base de datos que no nos dan es la principal que nosotros necesitamos, la más importante, porque es la base con las caras de los prófugos y la que nos permite hacer el matcheo con las cámaras con reconocimiento facial”, agregaron.
En caso que el municipio no pueda acceder a la información del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, el radio de acción del software se vería sensiblemente limitado en Mar del Plata, dado que los operadores solo podrían contar con otras bases de datos, más reducidas, como los reportes de las fiscalías que conforman el Ministerio Público.
La administración de Montenegro quería avanzar con una contratación directa pero en la ordenanza aprobada se estableció que debía realizarse una licitación. El presupuesto estimado prevé para la licitación unos $ 51 millones e incluye tanto el software como el equipamiento y mantenimiento. El sistema, en una primera etapa, solo se implementaría en unas 50 cámaras públicas de la ciudad.
Polémica
La ardua polémica que se desató en su momento incluyó la intervención de la delegación Mar del Plata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que pidió hace un año al Concejo Deliberante que no aprobara la implementación del reconocimiento facial de prófugos dado que “compromete derechos fundamentales de la ciudadanía”.
En una nota dirigida a la presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero, el equipo local del Inadi, encabezado por su delegada Cintia Mónaco, aseguró que el sistema “comprometería seriamente la responsabilidad internacional del Estado Argentino, ya que son muchos los derechos fundamentales de la ciudadanía que se comprometen en una implementación de tecnologías de este tipo”. (DIB) MM