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14/09/2022
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A 30 años de las muertes por propóleo, un sabotaje criminal que no encontró culpables

Unas 25 personas fallecieron por consumir jarabes y caramelos con ese derivado de la miel de abejas envenenado con dietilenglicol. La Justicia determinó que existió un sabotaje fuera del laboratorio que los producía, pero nunca se supo quién lo hizo.

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Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

En los primeros días de agosto de 1992 ingresaron al Hospital Italiano de La Plata dos hombres de 58 y 60 años, y una mujer de 60. Con una especie de cuadro gripal que incluía fuertes dolores musculares, lumbares e imposibilidad de orinar, estas personas quedaron internadas porque sus cuadros empezaron a agravarse. Además, para los médicos no estaba claro el origen de esos males, y a las pocas horas los pacientes con síntomas similares se multiplicaron no solo en la capital provincial.

Los días que siguieron fueron de conmoción en el país. El 11 de agosto se produjeron las primeras muertes. Mientras que miles de personas llegaban intoxicadas a la guardia de los hospitales con náuseas, vómitos, mareos, fotofobia, dolor abdominal y alteraciones en el sistema nervioso, las víctimas se reproducían. Hubo once muertes en Buenos Aires y 14 en la zona de La Plata.

En medio de la psicosis general, se encontró un patrón entre los fallecidos y los afectados, entre los que estaba el caso de la actriz Alicia Bruzzo: habían consumido jarabes y caramelos de propóleo, un derivado de la miel de abejas, con propiedades terapéuticas y que por esa época estaba “de moda”. Sin embargo, una “mano negra” había contaminado a esos productos del laboratorio Huilen con dietilenglicol, un alcohol industrial que se usa en los motores.

Rápidamente, todo lo que tenía que ver con el propóleo fue sacado de circulación, algo que afectó no sólo a Huilen sino a otros laboratorios y a miles de argentinos que consumían los productos, como la actriz y cantante Tita Merello que solía comer de esos caramelos. Todo se derrumbó en segundos como un castillo de naipes: la vida de Mabel Aparicio, la propietaria de Huilen, y la de 52 personas que estaban en la planta y se quedaron en la calle sin indemnización. También impactó en centenares de apicultores, ya que el laboratorio consumía una tonelada mensual de resina.

Dos meses antes de la primera muerte, la compañía de Aparicio había firmado un convenio de abastecimiento para Malasia y Filipinas, mientras ya tenía desde 1990 abierto el mercado chino. En julio batieron los récords de venta de la historia a nivel local, fabricaba productos cosméticos y con Felfort tenía una línea de caramelos para prevenir afecciones de la garganta. Pero en agosto, el sueño terminó en pesadilla.

Rápida reacción

Tras las primeras muertes, el entonces ministro de Salud y Acción Social, Julio Cesar Aráoz, apuntó contra el propóleo y prohibió su venta en todo el país. Sin embargo, rápidamente la Justicia descubrió que el dietilenglicol era el culpable del envenenamiento y allí los ojos fueron directamente contra el laboratorio. Si bien en la mira quedaron Aparicio y Emilio Castro, el director técnico de la compañía, no fueron detenidos. Sí, procesados.

Las críticas al Gobierno por la falta de controles tuvieron una vertiginosa reacción: el 20 de agosto, nueve días después de la primera muerte, se creó por el decreto del entonces presidente Carlos Menem, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El organismo pasaría a controlar y fiscalizar la calidad y sanidad de los productos, substancias, elementos, procesos, tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humanas para garantizar su eficacia y seguridad.

Mientras tanto, la investigación, que pasó por varios jueces, demostró que la causa de la contaminación fue un “sabotaje”, pero que eso se produjo fuera de la planta de Huilen. En su fallo, el juez de instrucción Nelson Javier Jarazo, destacó que las pericias determinaron que “en ninguno” de los tambores con materia prima encontrados en la planta se halló “restos de dietilenglicol” y que tampoco había “mención alguna al tóxico” en los disquetes y discos fijos de las computadoras incautadas en el laboratorio.

Además, las pericias demostraron que las cantidades del disolvente encontrado en los frascos eran distintas, con lo que quedaba claro que la sustancia mortal fue agregada después de la producción. En ese sentido, algo que nunca quedó muy claro fue que en un momento de la investigación, un hombre se apersonó ante la Policía y dijo que había visto que en una quinta del Gran Buenos Aires se habían contaminado esos frascos. Aunque no se profundizó en esta línea, lo cierto es que Aparicio dejó de ser la “envenenadora” y la causa siete años después fue cerrada.

La mujer, perseguida por la opinión pública, se fue a vivir primero a Uruguay y luego a España. Las muertes no quedaron en el olvido de gran parte de la sociedad, pero sí de la Justicia penal, que no encontró nunca los culpables. Solo prosperó una demanda civil de una mujer por la muerte de su esposo. Eso sí, la “medicina de los pobres”, como alguna vez fue calificada, quedó herida de muerte. (DIB) FD

 
 

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