El Consejo de la Magistratura decidió hoy intervenir la oficina que maneja las declaraciones juradas de los jueces nacionales y federales, después de que desconocidos irrumpieron y revisaron 24 sobres lacrados con información confidencial sobre los patrimonios de los magistrados. Como se viene informando, se trata de un hecho ocurrido en el Consejo de la Magistratura durante el fin de semana largo, que arrancó el pasado viernes 17 de junio y culminó el martes 21 del mismo mes.
En algún momento de esa extensa jornada, a raíz de una presentación en la Justicia, una persona ingresó a la Oficina de Declaraciones Patrimoniales, ubicada en Sarmiento 877 de la CABA, que depende de ese organismo, y hurgó en alguna (o algunas) de las 6.000 declaraciones juradas que allí reposan.
Se desconoce si se llevó o llevaron alguna en particular, o si sacaron fotografías. Tampoco se sabe a efectos de qué alguien podría interesarse en documentos privados que contienen datos patrimoniales de jueces de todo el país.
¿Se trató de un hecho de inseguridad más? Si es así, ¿por qué no faltaron elementos de valor? ¿Podría ser un intento de carpetazo contra algún magistrado puntual? ¿Acaso alguno de la Corte Suprema?
Es lo que sospecha Horacio Rosatti, titular de la Corte y, a la sazón, presidente del Consejo de la Magistratura. No es antojadizo: es quien se encuentra hoy en la mira de las furibundas críticas del kirchnerismo. Tampoco ello es casual: el supremo debe resolver puntuales planteos de la vicepresidenta en causas judiciales por presunta corrupción que la complican.
Las sospechas se agitan, no sólo porque la Oficina de Declaraciones Patrimoniales es uno de los dos órganos de la Magistratura que dependen directamente de Rosatti, sino, sobre todo, porque las cámaras de seguridad dejaron de funcionar al momento de la intrusión.
Entretanto, ha instruido investigar si falta alguna declaración jurada en particular y motorizó una causa judicial que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, en la Secretaría N°11. a cargo de Paula Sanz. La causa es la N°4025/2022, caratulada “NN s/ averiguación de delito”.
En el marco de ese expediente, el juez ya pidió explicaciones a la responsable de la Oficina de Declaraciones Patrimoniales, “a fin de que informe si se efectuó alguna inspección que permita determinar si existen elementos faltantes en alguno de los ambientes que habrían sido compelidos, y si se han forzado cerraduras de las puertas que comunican a dicha oficina o las puertas internas de la misma”.
A su vez, Rafecas solicitó que se le informe “sí al comunicarse con el encargado de Superintendencia del edificio de la calle Sarmiento, pudieron determinar si durante el transcurso del fin de semana alguna persona ingresó al edificio con dirección a la mentada oficina”. (DIB)