El expresidente Mauricio Macri llamó hoy a los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio a rebelarse y no acatar en sus distritos la suspensión de clases presenciales dictada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el presidente Alberto Fernández.
“Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así”, dijo Macri a través Twitter, poco después de que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño confirmara que irá a la justicia para no aplicar la medida.
Poco después del anuncio de esa medida –que incluyó un pedido de audiencia urgente respondida afirmativamente por el presidente Alberto Fernández-, Macri llamó a la rebelión a los alcaldes del Conurbano, que son todos de PRO dentro de Juntos por el Cambio.
“Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”, dijo el Expresidente. En mensaje contiene una alusión a las contradicciones entre Fernández y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien antes del anuncio presidencial había afirmado que no se suspenderían las clases presenciales.
Hasta ahora, solo el intendente de La Plata, Julio Garro, se expresó públicamente sobre las medidas. Durante un acto de entrega de patrulleros que compartió con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, el alcalde que pertenece a PRO se mostró alineado con las medidas presidenciales.
Por ahora, en tanto, otros alcaldes de la oposición que gobiernan distritos del Conurbano, como Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Jaime Méndez (Escobar) o el radical Gustavo Posse (San Isidro) se abstuvieron por ahora de comentar el pedido del Expresidente.
Fernández ayer anunció la suspensión de la presencialidad escolar desde el lunes y hasta fin de mes. En principio, la potestad sobre el sistema de educación la tiene la provincia, excepto para el nivel inicial, que en parte depende de los municipios, por lo que no queda claro cuáles serían las herramientas de gestión o legales a las que podrían apelar los alcaldes para no aplicar esa medida. (DIB) AL