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19/04/2021
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La Corte comenzará a negociar con otros sectores un proyecto de autarquía financiera

Autorizó al presidente del tribunal a reunirse con otras entidades para consensuar una iniciativa que les dé independencia presupuestaria.

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La Suprema Corte de Justicia bonaerense autorizó a su presidente a avanzar en los consensos necesarios para impulsar nuevamente una ley que regule la autonomía presupuestaria y económica del Poder Judicial, que viene reclamando desde hace varios años.

En un hecho sin precedentes, una resolución de la Corte autorizó a Julio Pettigiani a mantener reuniones e intercambiar opiniones con distintas instituciones para buscar consensos que posibiliten el tratamiento de un proyecto de Ley que regule la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial.

De este modo, el titular del máximo tribunal bonaerense deberá reunirse con los Colegios de Magistrados y Funcionarios y de Abogados de la Provincia, con la Asociación Judicial Bonaerense y con otras instituciones similares para buscar alternativas y sumar “músculo” para avanzar con la iniciativa.

A principio de mes, la Corte bonaerense había reclamado que se impulse y sancione el proyecto de Ley del Tribunal que regula la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial bonaerense.

A través de la Resolución 1263/20, el máximo tribunal consideró “imprescindible instituir dicho régimen para la justicia provincial”, que además prevé la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus agentes.

Además, la Corte dictó otra resolución por la que decidió abrir una instancia de diálogo y consenso con el Poder Ejecutivo, en forma previa a la presentación del referido proyecto en la Legislatura provincial.

El régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera es reclamado por la Corte desde el 2014, cuando envió un proyecto sobre esa materia al Ministerio de Justicia, el que de inmediato tomó estado parlamentario.

En julio del año 2015 se remitió un texto actualizado del proyecto para posibilitar su aplicación a partir del año 2017. El entonces gobernador Daniel Scioli se comprometió a revisar la iniciativa, pero finalmente naufragó y terminó de quedar enterrada durante la gestión de María Eugenia Vidal. (DIB) 

 
 

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