En el marco del concurso preventivo de acreedores, el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini ordenó restituir al directorio del Grupo Vicentin al frente de la cerealera y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores.
La medida cautelar es temporal, por un plazo de 60 días prorrogables. Se hizo lugar así a un reclamo de la compañía, para cuyos directivos “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.
El magistrado, además, se declaró incompetente respecto al pedido inconstitucionalidad del DNU que intervino la firma.
En su fallo, Lorenzini dispuso “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, establece que “los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
En otra parte de texto describe el rol de esos veedores como “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración” y que puede llegar “hasta a la figura legal de máximo poder, cual es la del administrador provisorio que sustituye a los directores”.
Por lo tanto, Lorenzini dispuso “que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
“Veedores controladores”
Asimismo, planteó que de manera provisoria, la presencia de los Interventores designados conforme al DNU 522/2020 estarán en Vicentin sólo “en condición de veedores controladores”. El interventor Gabriel Delgado, entonces, tendrá ahora “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración, hasta llegar a la figura legal de máximo poder, cual es la del administrador provisorio que sustituye a los directores”
La medida tiene una vigencia inicial de 60 días, el mismo plazo establecido en el DNU de intervención, y queda sujeta también a eventuales prórrogas.
Respecto al pedido del Grupo Vicentin de declarar inconstitucional ese decreto, ya que a su criterio “se ha extralimitado el texto constitucional, como así también la discrecionalidad legal otorgada por ley 27541, pues no solo invade la órbita constitucional del poder legislativo sino que también avasalla las funciones del juez concursal”, el juez se declaró incompetente. (DIB) MM