La Plata, Jul 8 (DIB). La
Justicia determinó que la pistola con mira láser Bersa Thunder calibre .40 usada
hace dos meses en el doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor
Miguel Yadón en el barrio porteño de Congreso pertenecía a una persona
fallecida de la ciudad bonaerense de Tandil, por lo que citó a indagatoria a la
viuda y un amigo de ese hombre para que expliquen cómo le llegó el arma a los
dos detenidos, informaron fuentes judiciales.
Si bien en un principio se
pensaba que la pistola secuestrada en la casa del imputado Juan José Navarro
Cádiz (25) estaba a nombre de su madre u otro familiar, los informes sobre el
registro del arma indicaron que había sido comprada en una armería de Tandil
por un hombre fallecido en 2006.
El juez de la causa,
Mariano Iturralde, ordenó una serie de medidas en Tandil vía exhorto y así pudo
establecer que la viuda y un amigo cercano del fallecido eran las personas que
habían heredado o se habían hecho cargo de las pertenencias del difunto.
Pero además, se pudo
establecer que el amigo del dueño del arma también se había comprado a su
nombre el mismo día y en la misma armería, una pistola gemela a la del
fallecido, es decir, una Bersa Thunder .40 con mira láser idéntica a la usada
en el doble crimen.
Por ello, el juez
Iturralde decidió citar a indagatoria a la viuda y al amigo del fallecido
titular del arma para que expliquen qué hicieron con esa pistola que terminó en
manos de Navarro Cádiz y Juan Jesús Fernández (42) la madrugada del hecho.
También fueron allanados
sus domicilios y se les secuestraron los celulares para ver si tuvieron algún
contacto con los acusados.
Fuentes judiciales
indicaron que la imputación será la de la provisión de un arma, contemplada en
el artículo 189 bis del Código Penal, y que los dos nuevos imputados estaban
citados a indagatoria esta semana pero solicitaron una prórroga, por lo que en
los próximos días se fijará una nueva fecha.
“Queremos saber cómo
llegaron los imputados a tener esa pistola. Quizás el arma fue vendida pero si
es así fue una venta informal y no se registró debidamente. Otra posibilidad es
que haya sido robada, pero nadie lo denunció”, dijo una fuente de la
investigación.
A dos meses del doble
asesinato de Congreso, tanto Navarro Cádiz como su primo Fernández, ambos de la
comunidad gitana, están con un procesamiento con prisión preventiva confirmado
ya por la Cámara del Crimen, imputados de un doble homicidio agravado por
alevosía y por placer, que prevé una pena de prisión perpetua.
El juez recibió en las
últimas horas un adelanto de la pericia de barrido electrónico realizada sobre
las manos y las ropas de los imputados para establecer quién había disparo, y
ese estudio comprometió a Navarro Cádiz. (DIB) MR