La Plata, mar 5 (DIB).- La Provincia de Buenos Aires realizó
una presentación a la Corte Suprema de la Nación para solicitar que el resto de
las jurisdicciones comuniquen al máximo tribunal su adhesión al Pacto Fiscal suscripto
a fines del año pasado, condición necesaria para que el Estado bonaerense
retire su demanda por el tope del Fondo del Conurbano.
Aunque desde el Gobierno coinciden en que están dadas las condiciones
para desistir en la demanda contra la Nación y las provincias, esperan que el
resto de las provincias formalice en sus legislaturas y comuniquen a la Corte
la adhesión al Pacto Fiscal, que implica una modificación en el reparto de la coparticipación que favorece a Buenos Aires a partir de la eliminación del tope al Fondo del Conurbano.
Fuentes de la Fiscalía de Estado indicaron a DIB que el
organismo que preside Hernán Gómez presentó una nota a la Corte para que le
pida a las provincias que comuniquen si ya adhirieron al Pacto Fiscal. Aunque
se trata de una formalidad, ese paso es fundamental para que la Provincia
renuncie a la demanda que entabló contra Nación y el resto de las
jurisdicciones, ya que si alguna de ellas decide renunciar a lo firmado o no lo
ratifica en su Legislatura, se podría caer todo el entramado legal que incluye
modificaciones en el sistema de coparticipación federal y cambios en el régimen
de jubilaciones para generar un ahorro de 100 millones de pesos en la Anses,
dinero que era recaudado por el impuesto a las Ganancias y que desde este año
forma parte de la masa coparticipable.
A raíz del acuerdo, la Provincia percibirá este año más de
40 mil millones de pesos extra (20 mil millones como un fondo “extra” para
compensar la pérdida del Fondo del Conurbano, calculado en más de 65 mil
millones el año pasado). Concretamente, desde principios de enero el Gobierno
bonaerense ya comenzó a recibir esa mejora a partir de los envíos automáticos
de Coparticipación, por lo que la demanda ante la Corte se volvería abstracta.
Una pelea histórica
El conflicto por el Fondo del Conurbano data de dos décadas
atrás. Se creó a principios de los ???90 como una garantía para que Eduardo
Duhalde deje la vicepresidencia de la Nación y acepte una candidatura a gobernador
bonaerense.
Sin embargo, en 1996 Carlos Menem, enfrentado con Duhalde,
impuso un tope de 650 millones de pesos y ordenó que el resto se distribuya
entre las provincias. Esto provocó en el inicio mismo de la devaluación que
casi todas las jurisdicciones se llevaran más dinero que Buenos Aires.
En ese marco, en 2016 Vidal presentó una demanda ante la
Corte Suprema pidiendo la inconstitucionalidad del tope, lo que provocaría que
la Provincia se quede con todo el fondo, unos 65 mil millones de pesos el año
pasado. Con un fallo favorable casi inminente, el Gobierno nacional negoció con
el resto de los gobernadores una salida política, y presentó el Pacto Fiscal. (DIB)
JG