La Plata, ago 8 (DIB).- La querella del ex ministro de
Economía Alfonso Prat Gay pidió hoy condenar al ex titular de la AFIP Ricardo
Echegaray a doce años de prisión por presunta instigación al falso testimonio
agravado y violación de secreto, a raíz de una falsa denuncia que lo vinculó
con una asociación ilícita y evasión.
Por su parte la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4,
Dafne Palopoli, pidió que se condene a Echegaray a dos años de prisión en
suspenso por presunta “violación de secreto y abuso de autoridad”, al
considerar que no hay pruebas para considerarlo culpable de
“instigar” la falsa denuncia.
La fiscalía reclamó la pena más dura, 3 años y 6 meses de
prisión de cumplimiento efectivo, para uno de los ex subordinados de Echegaray,
Horacio Curien.
El abogado de Prat Gay, Alejandro Carrió, abrió la jornada
de alegatos al solicitar que se encuentre culpable a Echegaray por supuesta
“instigación al falso testimonio en concurso real con violación de
secretos y abuso de autoridad” con “inhabilitación absoluta” por
el término de la condena para ejercer cargos públicos.
Lo hizo al término de un alegato final donde pidió diez años
de condena por supuesto “falso testimonio agravado” para otros dos
funcionarios del organismo recaudador, Pedro Roveda y Horacio Curien por los
hechos ocurridos en el 2014.
La querella pidió el máximo de las penas que prevé cada
delito en la etapa final del juicio oral al que son sometidos a raíz de una
denuncia del ex diputado y ex funcionario Prat Gay por haberlo vinculado
falsamente a una presunta asociación ilícita dedicada a facilitar el
encubrimiento de cuentas en el exterior.
Además, hizo pedidos de pena subsidiarios en caso que el
Tribunal no encuentre culpable a Echegaray por todos los delitos: reclamó
cuatro años si se lo condena por abuso de autoridad y violación de secreto y
dos para el caso de que sólo reciba pena por este último delito.
Echegaray “era claramente la máxima autoridad en
materia tributaria con más poder en la Argentina”, sostuvo Carrió, y
criticó la “utilización del Poder Judicial para realizar una falsa
denuncia”.
Prat Gay era apoderado de la fallecida Amalia Lacroze de
Fortabat y se lo ligó a una cuenta en Suiza que según la denuncia de AFIP en
ese momento, no habría sido declarada por la empresaria.
“El daño producido a Prat Gay, persona pública, es
notorio”, consideró el abogado Carrió, y remarcó que tanto él como la
nieta de Lacroze de Fortabat, Amalia Amoedo, fueron sobreseídos en la causa
iniciada al respecto.
“Los acusados eran funcionarios públicos de la absoluta
y máxima jerarquía. Eran las personas que tuvieron intervención en todo el
desarrollo de este proceso que concluye con la radicación de la falsa
denuncia”, agregó.
Prat Gay era una “figura pública identificada con la
oposición” y por eso lo eligieron “como el primer ejemplo de una
plataforma facilitadora. Fue un acto de venganza contra una persona que les
resultaba molesta en ese momento”, sostuvo el letrado.
Al finalizar el alegato de la querella fue el turno de la
fiscal general de Investigaciones Administrativas, Palopoli, quien interviene
en el juicio.
La fiscal postuló condenar a Echegaray a dos años de prisión
en suspenso, una pena de 3 años y seis meses de cárcel efectiva para su ex
subordinado Curien con ocho años de inhabilitación para ejercer cargos
públicos.
Además requirió la absolución de Roveda.
A la hora de explicar la diferencia con el pedido de pena a
Echegaray respecto de la querella, la fiscal sostuvo que aplicó el
“beneficio de la duda” en el delito de instigación a falsa denuncia.
A Echegaray “no se le vio la mano” porque no firmó
la denuncia contra Prat Gay presentada ante la Justicia.
A acusarlo por los otros delitos sostuvo que “no se
puede permitir que una persona tire el aparato del Estado contra otra persona,
no se pueden armar causas. Es impensable”.
Echegaray es juzgado en este caso y también en el que
investiga si la AFIP otorgó de manera irregular planes de pago del impuesto a
los combustibles líquidos a la petrolera Oil Combustibles, de los detenidos
empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. (DIB)