La Plata, feb 7 (DIB).- Luego de que el juez federal Claudio
Bonadío procesara a 92 alcaldes en una causa en la que se investiga una
supuesta irregularidades en el manejo de fondos públicos, el PJ bonaerense
emitió un comunicado en el que rechazó “carpetazos” y “falsas denuncias
públicas” y habló de “extorsión”.
“Los y las dirigentes y militantes del Partido Justicialista
de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a
intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de
Cambiemos” señaló el partido, en un comunicado formal difundido esta tarde.
“Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números,
tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y
2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible”, añadió el PJ
sobre la decisión de Bonadío en un texto difundido antes de que se conociera la
medida dictada por el juez.
Según explicaron a DIB fuentes partidarias, el comunicado
había sido redactado como respuesta a una nota de un canal de noticias que
hablaba de la posibilidad de “carpetazos” contra intendentas peronistas del Conurbano,
pero que luego se decidió utilizarlo para rechazar las imputaciones de Bonadío.
El PJ buscó así deslegitimar la investigación de juez, a la
que describió en términos de persecución política.
El magistrado dictó la medida contra 92 funcionarios,
algunos de los cuales hoy continúan en actividad, al sostener que contribuyeron
“en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado en una suma aproximada
de $ 604 millones”.
En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete
Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex
secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.
Bonadio puso en la mira los Programas Municipales de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU), a través de los cuales el
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner financió a las comunas para que
implementen un sistema sustentable de recolección de basura.
Sin embargo, para el juez el programa era una pantalla para
“disimular el reparto discrecional de fondos públicos a municipios
privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas
ambientales estatales”. (DIB)