La Plata, feb 9 (DIB).- Intendentes bonaerenses volverán a
realizar a la gobernadora María Eugenia Vidal un nuevo planteo en materia de
servicios públicos, esta vez para reclamar que se avance en la quita de un
impuesto del 6% a las tarifas eléctricos y se obligue a las empresas a hacerse
cargo de ese pago.
Se trata de un tributo que la Provincia les cobra a las
prestadoras eléctricas en concepto del uso del espacio aéreo, y cuya
recaudación transfiere íntegramente a los municipios. Las empresas, a su vez,
transfieren esa carga a los usuarios, lo que representa un 6% sobre el total de
kw consumidos en cada factura.
En junio pasado, la gobernadora promulgó una ley que
eliminaba el pago de ese impuesto por parte de los usuarios, en el marco de un
paquete de medidas con el que buscó terminar con buena parte de la carga
impositiva de las tarifas de servicios, en momentos en que el Gobierno era
duramente cuestionado por los últimos aumentos.
A cambio, la ley habilitaba a los municipios a cobrarles a
las empresas una tasa local que no puede superar el 6% del total de consumos, y
que a su vez no debe trasladarse a los usuarios.
Sin embargo, a más de 6 meses de promulgada la norma, las
empresas continúan trasladando el costo a los usuarios, al alegar que la ley no
fue reglamentada y no se les comunicó qué mecanismos deberían establecer para
retirar el cargo y empezar a pagarles a los municipios.
En ese marco, en los próximos días un grupo de intendentes
peronistas llevarán el reclamo al Oceba, el organismo de control en materia
eléctrica, para pedirle que acelere la implementación de la ley, a la que
consideran que se encuentra “totalmente operativa”.
Por ahora, a los jefes comunales no les cambian las cuentas:
continúan recibiendo la recaudación de las empresas, que a su vez las siguen
cargando en las boletas. Con este argumento, fuentes oficiales consultadas por
DIB aseguran que el reclamo es “meramente político”.
Según pudo saber DIB, la mayoría de los distritos ya
aprobaron ordenanzas para cobrarles una tasa local a las empresas, de forma de
reemplazar los ingresos que hoy reciben directamente de los usuarios. Sin
embargo, las prestadoras exhiben una circular de Oceba, que dictaminó que hasta
que no esté reglamentada, la ley “no es operativa”.
El intendente de González Chaves, Marcelo Santillán, dijo a
DIB que “esa es una interpretación errónea, porque o sacan una ley que suspenda
la anterior y así convalidan el pago de los usuarios, o habilitan a los
municipios a cobrar”.
Según pudo saber DIB, los jefes comunales del peronismo
estiman que las empresas se ahorrarán “unos $ 3.000 millones en un año, por
seguir trasladando un costo que, según la nueva ley, deberían pagar ellas mismas.
“A la gobernadora es a la que más debería interesarle pesto,
porque fue su caballito de batalla el año pasado”, indicó Santillán. (DIB) JG