La Plata, nov 19 (Por Andrés Lavaselli, de la redacción de
DIB).- El acercamiento que protagonizaron el kirchnerismo y el massismo en el
Congreso nacional y la pésima situación económica de la que dan cuenta todos
los indicadores relevantes son los nubarrones principales que se ciernen sobre
las dos negociaciones importantes con las que María Eugenia Vidal planea cerrar
el año político: la que lleva adelante por el Presupuesto y la que mantiene con
un grupo de gremios con los que, en secreto, elabora alternativas para
minimizar el conflicto potencial que emana de la segura caída del salario real
de los empleados del Estado para que no complique un fin de año que se prevé
“caliente”.
Aunque en la conducción del Frente Renovador aseguran que se
trató sólo de un acuerdo puntual y pragmático, circunscripto al objetivo de
rebalancear el poder interno en el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que
el entendimiento entre Sergio Massa y Cristina Kirchner que le arrebató a
Cambiemos un representante en ese organismo ???clave en tiempos de política
judicializada- desató febriles especulaciones sobre la posibilidad de que se
esté en la antesala de un entendimiento electoral. Se piensa en una
reconciliación que sería, sin dudas, un hito en la reunificación del peronismo
que el kirchnerismo anhela y el macrismo teme.
Más allá de las especulaciones, la Legislatura provincial es
uno de los escenarios donde aquel entendimiento, aunque por ahora acotado, está
teniendo sus primeros efectos concretos. Allí, el massismo, que junto con aliados
es un espacio clave para que Cambiemos logre aprobar el presupuesto, muestra
una dureza persistente en torno a la única exigencia que pone para levantar la
mano: que se sancione una ley para que sus intendentes puedan adelantar las
elecciones locales. Algunos legisladores del oficialismo estaban convencidos de
que con fondos y obras esa posición se iba a ir flexibilizando, pero eso aún no
ocurrió. Todo lo contrario.
“Hay que entender que para Sergio es una ley de
supervivencia política”, definió un vaqueano negociador de Cambiemos, que
expuso ese argumento ante sus compañeros de bancada más enojados con la
intransigencia del tigrense. La explicación que les dio es sencilla: la
perspectiva de retener el poder en las comunas que le daría esa norma le
permitiría a Massa evitar más fugas de su espacio como la que encabezó hace
unas semana Felipe Solá y, al mismo tiempo, lo ayudaría a tonificar el músculo
político para la discusión que al interior del peronismo en torno de la
eventual unidad electoral, que el acuerdo por la Magistratura parece anticipar.
Es en ese punto exacto que el episodio del Congreso impacta
en la negociación de la Legislatura: Massa manda a decir que la ley para
desdoblar elecciones es una herramienta que le permite resistir la avanzada del
kirchnerismo. De lo contrario, sugiere, le será más difícil escapar al influjo
de la expresidenta ???o al menos negociar con ella en mejores condiciones-, lo
que volverá más probables la repetición de escenarios como el de la votación
para el Consejo. En definitiva, lo que agita Massa es el fantasma de la unidad peronista
que espanta al oficialismo. Para hacer avanzar la ley en la Legislatura,
sugiere que lo que está en juego allí es mucho más que el presupuesto
provincial.
No es, por cierto, la única señal preocupante para el
oficialismo. El martes, en la sala Antonio Cafiero de la cámara Baja, unos 40
intendentes peronistas del interior y del Conurbano se reunirán con los bloques
parlamentarios de ese origen para comenzar a definir una postura respecto del
presupuesto, el endeudamiento y la ley de impuestos. El gesto de acercamiento
implícito es doble: habrá alcaldes del ala K dura (como Jorge Ferraresi, de
Avellaneda), de la dialoguista (como Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora) y
legisladores de las dos sectores, Unidad Ciudadana y el Peronismos Unidad y
Renovación.
El encuentro se da luego de que, el martes pasado, en
Avellaneda, los intendentes decidieran unificar la interlocución con la Legislatura
al menos para este debate, tras lo cual pidieron la reunión. Todos ???incluido el
kirchnerismo- saben que la negociación es crucial para los alcaldes, porque las
transferencias a las comunas de subsidios eléctricos, al transporte y al
déficit de la CEAMSE que explícitamente o por omisión plantea el proyecto
complicarían mucho la gobernabilidad de los distritos nada menos que en el año
electoral. Por eso, prima cierto aire de comprensión respecto de la necesidad
de llegar a algún acuerdo. De hecho, el miércoles el jefe de Gabinete, Federico
Salvai mantuvo una de sus habituales conversaciones con Insaurralde. El tema, excluyente,
fue hasta qué punto las comunas serán aliviadas de la trasferencia de
responsabilidades. Una cosa quedó clara: eso depende de definiciones que
implican también al gobierno nacional.
Sin embargo, eso no desdibuja el gesto de entendimiento,
cuya intención política inmediata es establecer una metodología de discusión
pública que evite “sorpresas” de último momento como la que se dieron años
anteriores, cuando el presupuesto se resolvió con respaldo de último momento de
un puñado de legisladores peronistas. La idea es aventar el rumor de que dos o
tres se sentarían para ahora dar quórum y luego se abstendrían de votar. El
objetivo de mediano plazo es más evidente: se trata de reforzar las señales de
una unidad que los alcaldes creen necesaria para retener el poder en octubre
más allá de la suerte electoral final de CFK en un eventual balotaje.
La otra negociación
La dinámica opositora en la Legislatura, en la que
massistas, peronistas K y dialoguistas pugnan por no ser el primer sector que
afloje la tensión y abra la posibilidad de un acuerdo, hace prever una
negociación larga, que no se resolvería antes de mediados de diciembre. Es justo lo que no quiere el gobierno, que
busca quitar elementos de fricción a un mes que ya imagina tenso en lo social,
una eventualidad para la que se viene preparando desde mediados de año, cuando
comenzaron a quedar claros cuáles serían los efectos de fondo de la crisis que
comenzó con la estampida del dólar.
Vidal ya lanzó refuerzos de medidas sociales y, aunque no se
descartan nuevas iniciativas en ese plano, lo que quiere ahora es cerrar un
acuerdo con los gremios estatales. No es tarea sencilla: aún descartando cualquier
posibilidad de acercamiento con ATE o los gremios docentes, la perspectiva de
arreglar con UPCN y el resto de las organizaciones que ya firmaron una
paritaria este año es compleja. La razón es cristalina: hoy, esa paritaria
supone una pérdida de no menos de 15 puntos en el nivel del salario real de los
empleados públicos.
Para que esos sueldos “empaten” con la inflación, la
provincia debería disponer, en forma anualizada, de $60 mil millones
suplementarios. No los tiene y por eso, los salarios públicos caerán sin
remedio. Sin embargo, el viernes gremialistas y funcionarios comenzaron a
discutir paliativos, en una reunión reservada. Por ahora, el Ejecutivo ofertó
un bono de $5 mil, que fue rechazado. Pern la caja de herramientas, al menos de
una parte de la administración, hay más: algunos puntos extra de suba salarial,
un bono un poco más importante e incorporable al básico en cuotas, además de la
eventualidad de extenderlo a jubilados.
En la semana volverá a haber contactos, que por ahora se
mantendrán en un novel no formal. Vidal quiere avanzar lo más rápido posible,
porque entiende que lo que está en discusión es otra manera de aportar
tranquilidad a un fin de año ajustado en materia económica ¿Habrá asistencia
nacional para ayudar a mejorar la oferta? Nadie lo confirma por ahora. Pero
cerca de la gobernadora dicen que todavía resiente un año en el cual la
cuestión financiera ???y cierta mirada sobre la política- provocó roces
indisimulables con el núcleo político del presidente Mauricio Macri. Iugal que
con los subsidios a las comunas, tal vez, esta sea una ocasión para profundizar
el reacercamiento. (DIB) AL