La Plata, nov 21 (DIB).- El jurado de enjuiciamiento
bonaerense definirá mañana si le inicia juicio político el juez de Lomas de
Zamora Luis Carzoglio, quien rechazó un pedido de detención contra Pablo Moyano
y al camarista de Casación Penal, Martín Ordoqui, suspendido en el marco de la
llamada causa de investigación por la megabanda que lideraba César Melazo,
exjuez de Garantías platense.
El jurado de enjuiciamiento que se reunirá mañana al
mediodía, en el Senado está integrado por los diputados Jorge D”Onofrio, Pablo
Garate, Sandra París y Guillermo Castello y el senador Marcelo Pacífico, y por
los conjueces Juan Emilio Spinelli (Necochea), Jorge Martínez y Graciela
Amione, ambos de La Plata, Jorge Álvarez (San Martín) y Pedro Arbini Trujillo
(San Isidro).
Uno de los casos sobre los que deberán definir es el de
Carzoglio, el juez denunciado por el procurador Julio Conte Grand por presuntas
irregularidades en el ejercicio de su función luego de que se negara a aceptar
un pedido de detención contra Moyano. Sin embargo, no será evaluada su actuación
en esa causa, sino en otras denuncias previas.
En tanto, Ordoqui, que fue suspendido por la Corte, está
acusado de los delitos de “tráfico de influencias y de asociación
ilícita” y no se ordenó su detención por poseer fueros como juez.
“Sin perjuicio de la eventual intervención del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la Suprema Corte -como cabeza
del Poder Judicial- cuenta con suficientes atribuciones para intervenir en toda
cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia”,
señaló la Corte, en su resolución.
La medida se adoptó por pedido de Conte Grand, quien
consideró que el camarista “habría incurrido en conductas de extrema
gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento de suministro de
Administración de Justicia”.
En la causa, además de Melazo están detenidas otras 10
personas, entre
ellas, ex comisarios y barrabravas, acusados de integrar una
banda comandada por el ex magistrado que cometía delitos amparados por policías
y miembros del poder judicial y que concedía beneficios procesales a detenidos.
(DIB)