La Plata, jul 18 (DIB).- Organismos de Derechos Humanos advirtieron
a la Suprema Corte sobre el “agravamiento” de la crisis humanitaria que se
registra en las cárceles y comisarías bonaerenses, al tiempo que le pidieron al
máximo tribunal que arbitre medidas para “poner fin” a la situación.
En un crítico documento entregado a la Corte, la Comisión
Provincial por la Memoria (CPM), junto con la Defensoría de Casación y el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguraron que en los últimos meses se
agravó la “emergencia humanitaria” en los lugares de encierro de la provincia.
El duro diagnóstico fue trazado durante una audiencia de
seguimiento del expediente iniciado por las condiciones de detención en la
provincia. A raíz de ello, los organismos solicitaron que se conforme un comité
de emergencia por sobrepoblación, que tenga la tarea de “definir las plazas
disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de
personas privadas de la libertad”.
Además, le pidieron a la Corte que “genere directrices para
que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal,
controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares
inhabilitados, e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de
víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles”.
“Las decisiones de política criminal de las autoridades de
la provincia de Buenos Aires agravaron una situación que ya era crítica y que
está produciendo un récord histórico de sobrepoblación y hacinamiento”, indica
el documento.
Los organismos destacaron además que “incluso el Estado provincial
reconoce que aloja unas 10 mil personas por encima del cupo fijado por el
propio Ejecutivo (sin contar las personas alojadas en comisarías)”.
Además, señalaron que “el récord histórico de personas
detenidas, aumentan las tasas de prisionización y persisten las denuncias por
torturas y malos tratos, sumado a las pésimas condiciones de atención a la
salud y deficiencias en la infraestructura, que caracterizan a las cárceles de
la provincia”.
Para los organismos que participan en este informe, “el
Estado Provincial no sólo no informa cómo habrá de resolverlo sino que promueve
la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado
inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario”.
(DIB) JG