El jury contra el juez Arias comenzará el 2 de agosto

La Plata, jun 23 (DIB).- El jurado de enjuiciamiento de la
provincia de Buenos Aires comenzará el próximo 2 de agosto a juzgar el
desempeño del suspendido juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis
Federico Arias, acusado de presuntas irregularidades cometidas en su función.

Durante la primera audiencia se analizarán las 21
acusaciones formuladas contra Arias por presunto mal desempeño en sus
funciones, irregularidades administrativas, abuso de autoridad, prevaricato e
incumplimiento de los deberes de funcionario público, informó una
fuente de ese organismo.

El jury a Arias debía comenzar el 12 de marzo ultimo pero en
esa oportunidad se postergó porque el magistrado se sometió a una intervención
quirúrgica.

Arias fue suspendido en su cargo en noviembre pasado por
unanimidad por los 10 integrantes del jurado que conforman cinco legisladores
abogados, cinco abogados de matrícula, y preside el titular del Suprema Corte
de Justicia provincial, Eduardo Pettigiani.

De acuerdo con el procedimiento del jury, que deberá
determinar si Arias es destituido, además de la suspensión en el cargo se le
aplicó un embargo del 40 por ciento del salario.

El jurado consideró que Arias debe ser juzgado por un total
de 21 cargos, entre los que se encuentra su actuación en la causa que investigó
el número de muertos que causó la trágica inundación de La Plata, en 2013.

En ese caso se le imputa “abuso de autoridad” por
haber ordenado al fiscal penal que investigaba la causa que se abstenga de dar
a conocer la cantidad de muertos, conflicto judicial que se extendió por varios
meses y que debió resolver la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo a la resolución , también
se lo acusa de cometer presuntas irregularidades en el sistema de sorteo y
asignación de causas y por haber firmado una solicitada publicada en varios
medios, el 7 de marzo de este año, titulada “Unidos en Defensa de la
Democracia y el bienestar del Pueblo Argentino”.

Para el jurado, el magistrado en ese caso “excede el
derecho de manifestarse libremente e importa una clara toma de postura
política”. (DIB)