La Plata, jun 28 (DIB).- El juez en lo contencioso
administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, que actualmente se encuentra
suspendido y que afrontará el próximo 2 de agosto la primera audiencia del jury a
cargo del Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, se defendió hoy de las acusaciones
formuladas en su contra y habló de “intencionalidades políticas” en el
procedimiento que afronta.
Arias tiene unas 21 acusaciones formuladas en su contra por
presuntas irregularidades, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de
los deberes de funcionario público. Hoy, el magistrado brindó una conferencia
de prensa junto a sus abogados Analía Elíades y Marcelo Ponce Núñez, y aseguró
que las “verdaderas razones” del jury son sus intervenciones en materia
tarifaria y en el conflicto docente.
“No tienen causales contra mí, por eso han inventado todas
estas cosas. Las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no
están explícitas en este juzgado, y a mi juicio tienen que ver con mi
intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los
trabajadores de la provincia de Buenos Aires a quienes decretaron descuentos
salariales por los días de paro estableciendo una conciliación obligatoria
ilícita. Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos
que avasallaban los derechos de los trabajadores”, explicó Arias.
Desde esta perspectiva, Arias entendió que el tema tarifario
fue clave para que se promueva su destitución por que tocó intereses
económicos. “Ahora sabemos las cuantiosas ganancias que están teniendo las
(empresas) energéticas. Solamente el grupo Pampa, Nicolás Caputo, el amigo de
la vida del Presidente, ha tenido una ganancia de 7.500 millones en tres meses.
Imagínense que un juez le suspenda por un mes la medida cautelar: hay 2.500
millones de razones para remover un juez”, ejemplificó.
Otra de las acusaciones que enfrenta Arias tiene que ver con
su actuación en la causa que investigó el número de muertos por la trágica
inundación de La Plata, en 2013, donde hubo un conflicto de competencia con la
justicia penal. “La Corte dispuso que la competencia fuera contencioso
administrativa” porque “lo que estaba en juego era el derecho a la
información”, aclaró. (DIB) MT