La Plata, abr 8 (DIB).- La dura sequía que
desde octubre pasado derrumbó los rindes y afectó la calidad de los cultivos de
soja, maíz y girasol a lo largo de unas 13 millones de hectáreas en la
provincia, a lo que hay que sumar una caída importante en la producción de
carne, está tendiendo efectos perjudiciales en la economía de las poblaciones
del interior bonaerense que están directamente asociadas a los resultados que
obtenga el agro.
“Si se para el campo, acá pierden todos” suele
ser el lugar común con el que se describe el vínculo de dependencia entre la
producción agropecuaria y el universo de bienes y servicios que se mueven a su
ritmo. Los economistas lo llaman la “cadena comercial” y consiste, por ejemplo,
en los fletes que debe contratar un productor para transportar sus productos,
que a su vez se multiplican en sueldos de choferes, ventas de gasoil, de
neumáticos y de repuestos.
Si esa “plata en la calle” da buena parte de
la tónica económica en el interior, en este semestre el panorama luce sombrío.
La reducción del 60% en el promedio de las precipitaciones entre octubre y
febrero que registró el ministerio de Agroindustria en el 70% de las hectáreas
cultivables produjo un reducción de entre 10 y 12 millones de toneladas de
granos de la producción total prevista de 44 millones, según publicó hoy el
diario Extra, que edita agencia DIB.
Para la cadena comercial el impacto es de al
menos 733 millones de dólares, unos 15.026 millones de pesos que faltarán de
los 54 distritos que están afectados de manera principal, según una estimación
de Carbap. Ese impacto ya tiene lugar, por el efecto de la falta de agua en los cultivos de soja,
maíz y, en menor medida porque es más resistente el girasol. Se trata de la
cosecha gruesa que por la época del año en que se dio el fenómeno climático es
la que resultó afectada.
Desde el punto de vista técnico, el impacto en
la economía de los pueblos se replica en los fiscos, nacional y provincial, que
dejan de percibir impuestos y derechos de exportación por otros 733 millones y
por los productores ?las personas físicas y las empresas- que pierden ingresos
por un monto similar, parte de los cuáles también se canalizan a las economías
locales.
Más difícil
El impacto en la ganadería es más difícil de
estimar, ya que se trata de calcular, entre otras cuestiones, cuántos terneros
menos nacerán producto de la mala alimentación de las vacas debido a los pastos
ralos producto de las pocas lluvias. Pero ya se sabe que en la Provincia ?que
dedica 15 millones de hectáreas a esa actividad- el stress hídrico que afectó a
buena parte de las 20 millones de cabezas existentes implica retirar de la
cadena comercial unos 2.050 millones de pesos o 100 millones de dólares.
A diferencia de lo que ocurre con la
agricultura, el impacto aquí está secuenciado: parte de él se dará en la
primavera, cuando baje el nivel de pariciones previstas para esa fecha. En
términos comerciales, en la provincia habría una caída de producción de 120 mil
toneladas, lo que primero contribuiría a hacer descender los precios ya que
derivó en una reducción del peso de faena y, hacia 2019 los elevaría.
Ayuda actual, discusión futura
El jueves próximo a las 10:30 en La Plata
volverá a reunirse la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA)
de la provincia, algo que no ocurría desde el 31 de enero. En ese período se
produjo lo más duro de la sequía, pero en un marco de tensión entre la
gobernadora María Eugenia Vidal y la dirigencia ruralista, el organismo,
encargado de tramitar los pedidos de emergencia que cursan los productores, no
tuvo actividad.
Ahora, tras el reacercamiento que se produjo
en la reunión de la Mesa Agropecuaria de hace dos semanas, el gobierno se
apresta a avanzar con la declaración de emergencia para los distritos de Adolfo
Alsina, Alberti, Bahía Blanca, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Castelli, Coronel
Suárez, Daireaux, General Alvear, Belgrano, Guaminí, Junín, Navarro, 9 de
Julio, Olavarría, Pergamino, Puán, Ramallo, Saavedra, Saladillo, Torquinst y 25
de Mayo.
Esa lista, que puede ampliarse en las próximas
horas, forma parte de esquema de contención del impacto entre los ruralistas
más inmediato. El ruralismo pide que se complemente con la vuelta a las
reuniones mensuales o incluso quincenales de al CEDABA, aunque reconoce que el
Banco Provincia “hizo punta” en la asistencia a los productores flexibilizando
el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada.
Pero al mismo tiempo, desde hace unos meses el
gobierno trabaja en un nuevo sistema de
atención de las emergencias que reemplace el esquema de prórrogas impositivas y
subsidios para avanzar en un modelo inspirado en el que rige en Australia y
Estados Unidos, basado en seguros paramétricos y fondos rotatorios. El proceso,
de todos modos, es muy lento. Una idea que el ruralismo rechaza es la de
utilizar los CUIT de los productores a la hora de definir las emergencias. La
atribuyen al ministerio de Economía, que conduce Hernán Lacunza. (DIB)