La Plata, feb 19 (DIB).- Intendentes peronistas del interior
bonaerense le pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal desembolsos
millonarios como condición para adherir al Pacto Fiscal promovido por la
Provincia.
A través de una carta enviada hoy a la mandataria, 14 jefes
comunales del interior presentaron un pliego con 28 puntos como condición para
evitar lo que consideran “una intromisión lisa y llana en la definición de
políticas públicas de los gobiernos locales por parte de la Gobernadora”.
Como ya había trascendido, el grueso de la propuesta implica una transferencia
millonaria para las comunas, ya que los intendentes reclamaron la restitución
de los fondos de Infraestructura y de Seguridad (que en 2016 repartieron 10 mil
millones de pesos); la duplicación de los fondos coparticipables provenientes
del Juego; un incremento en la masa coparticipable; subas en los desembolsos
destinados al mantenimiento de las policías comunales; y la construcción de 10
mil viviendas sociales.
“Entendemos necesario la evaluación y análisis parlamentario
de estas cuestiones con el objeto de contribuir a afirmar pautas de
transparencia y eficiencia en la inversión de los recursos públicos, así como
al fortalecimiento del principio de autonomía municipal”, señalaron los jefes
comunales en la misiva enviada a la mandataria.
La nota fue firmada por los intendentes Marcelo Santillán
(Gonzáles Cháves); Germán Lago (Alberti); Julio Marini (Benito Juárez); Oscar
Ostoich (Capitán Sarmiento); Walter Torchio (Carlos Casares); Ricardo Casi
(Colón); Alfredo Fisher (Laprida); Alberto Conochiari (Leandro N. Alem); Mauro
Poletti (Ramallo); Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez); Francisco Durañona (San
Antonio de Areco); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y
Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).
Entre los 28 puntos, predominan aquellos ligados a la
cuestión económica. En ese marco, se destacan la restitución de los fondos de
Infraestructura y de Seguridad, además del aumento del 5 al 10% del reparto de
los fondos producidos por los juegos de azar, y la ampliación del porcentaje de
coparticipación, hoy ubicado en el 16,14%.
También exigieron los intendentes la deducción del impuesto Inmobiliario
Rural de lo abonado en concepto de mantenimiento de la red vial, y la
participación en la discusión por los cambios de parámetros usados para la
distribución de la Coparticipación.
En materia de seguridad, los intendentes pidieron un aumento
de los fondos destinados al sostenimiento de las policías comunales, “importes
que se han mantenido inalterables desde hace más de 24 meses, situación que
obliga a las Municipios a detraer de sus recursos propios en muchos casos hasta
más del triple de los montos recibidos”.
En el plano formal, en tanto, los intendentes reclamaron una
serie de cambios en la ley de Responsabilidad Fiscal, por entender que la
actual “restringe las facultades conferidas por la Constitución a los
Departamentos Ejecutivos y Concejos Deliberantes”.
Entre otros puntos, los intendentes reclamaron modificar los
parámetros que permiten los aumentos de gasto en proporción al crecimiento
poblacional, al sostener que “la mayoría de los municipios del interior tienen
poblaciones estables pero han duplicado o triplicado su actividad productiva”.
Al respecto, el intendente de San Antonio de Areco,
Francisco Durañona, indicó que la ley aprobada por la Legislatura el año pasado
“más que un pacto es una extorsión fiscal, ya que no ha habido ningún tipo de
participación de los intendentes del interior. Pasa a ser una imposición y hay
muchísimos puntos, desde cuestiones de clara inconstitucionalidad hasta
reducciones sustanciales en los recursos que se coparticipan a los municipios
del interior”.
“De lo que nos correspondía recibir en 2018, nos han quitado
dos tercios, y hay que sumarle que con la reforma jubilatoria le han quitado
del bolsillo a los vecinos un monto que ronda los 20 millones de pesos cada
diez mil habitantes para el desarrollo económico local”, sostuvo el intendente.
(DIB) JG