La Plata, feb 8 (DIB).- El Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 5 de La Plata dará a conocer mañana el veredicto por la “Masacre de
Magdalena”, ocurrida en 2005 en la Unidad 28 de esa localidad bonaerense, donde
fallecieron 33 internos durante un incendio.
La fiscal de juicio, Florencia Budiño, pidió el 4 de
diciembre pasado penas de entre 2 y 15 años de prisión para los 17 agentes del
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que son juzgados por la muerte de los
presos.
Budiño imputó a 15 de los 17 penitenciarios juzgados del
delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte”, mientras que al
director del penal y al ex jefe de seguridad les imputaron “homicidio culposo
agravado por la cantidad de víctimas”.
En su alegato ante el TOC 5 de La Plata, que integran los
jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, la
fiscal tuvo en cuenta la antigüedad, jerarquía y el rol que ocupaba cada
penitenciario la noche del incendio.
Al reconstruir en su alegato lo sucedido, la fiscal explicó
que el incendio se inició “tras la pelea de dos internos en el Pabellón 16 que
provocaron que un grupo de penitenciarios ingresara con escopetas e hicieran
disparos intimidatorios”.
Precisó que, de acuerdo a testigos, “muchos internos
debieron tirarse al piso para evitar recibir disparos, y que un interno decidió
iniciar un incendio para hacer cesar los disparos”.
“En ese momento, los agentes se replegaron y cerraron la
puerta. El humo invadió el pabellón. Había una sola vía de escape y no pudieron
salir porque nadie abrió la puerta de chapa ni la de rejas”, advirtió.
Para Budiño, los penitenciarios “abandonaron a los internos
con las puertas cerradas cuando había aún focos ígneos y tuvieron que ser los
propios internos del Pabellón 15 los que intentaron abrir las puertas para
ayudar a sus compañeros”.
Como agravante, la fiscal merituó la pluralidad de las
víctimas, la modalidad en la que se produjo la muerte “que se traduce en su
agonía porque según la autopsia presentaban quemadura y negro de humo en las
vías respiratorias”.
También mencionó el “peculiar estado de vulnerabilidad de
las víctimas en este caso por la condición de encierro corporal en la que sus
posibilidades de autoprotección se ven disminuidas y pasan a estar bajo el
control absoluto del Estado”.
Durante el extenso debate, que comenzó el 15 de agosto y
terminó casi a fines de diciembre de 2017, declararon más de 150 testigos.
(DIB) MCH