Felicitas Alvite, la influencer platense conocida como “La Toretto” y que está acusada de atropellar y matar a un motociclista, fue trasladada a un penal de la localidad de Magdalena, al tiempo que sus abogados, solicitaron a la Cámara Penal que trate un habeas corpus para evitar que quede detenida en una cárcel común y se le otorgue la prisión domiciliaria.
Así, según El Día, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, dos de los abogados de Alvite, recurrieron la decisión del juez Claudio Bernard, que mandó a la joven a una cárcel común a través de una revocatoria con apelación en subsidio y fundado en cuestiones de salud y psicológicas.
En ese sentido, contaron que, al momento de salir de la Alcaidía de Melchor Romero, la influencer sufrió un nuevo ataque de pánico, por el que tuvo que ser asistida y reingresada en el módulo penitenciario, hasta retomar su equilibrio emocional.
“En otras palabras, el sentido de Justicia nos obliga a mantener a esta joven en el lugar dónde se encuentra; no solo porque los Jueces han fallado a su favor (otorgándole la morigeración), sino por una cuestión netamente humanitaria y que obedece a salvaguardar su salud. No pretendemos que la dejen en libertad, pretendemos meramente que, habiendo la Casación concedido la morigeración y atento a su estado de salud, no la trasladen”, dijeron.
Más de seis meses
Como informó DIB este miércoles, el magistrado Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de la capital de la provincia de Buenos Aires, había dispuesto el “traslado inmediato” de Felicitas Alvite de la alcaidía a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en la localidad de Magdalena. Según trascendió, la joven habría ingresado a la Unidad Penal N°51 de la localidad de Magdalena, ubicada en la Ruta Provincial N° 11 km 111 ½.
Alvite, de 21 años, está acusada de haber atropellado y provocado la muerte de un motociclista, Walter Armand, mientras conducía a alta velocidad y sin respetar las indicaciones de los semáforos por la Avenida 13 de La Plata.
El juez consideró que ya se excedió largamente el límite de seis meses permitido para que una persona permanezca detenida en una alcaidía, por lo que correspondía que fuera trasladada a una cárcel común. (DIB) MM
