Más motosierra: oficializan el cierre del Enohsa, el ente que administra el acceso al agua potable

El organismo es responsable de la planificación y administración de obras hídricas. Pero de acuerdo con el decreto del Gobierno, sus funciones eran “redundantes” ya que el Ministerio de Economía ya tiene una Subsecretaría de Recursos Hídricos. Duras quejas de la oposición y los sindicatos.

Obras del Enohsa en Chascomús en octubre de 2023. (X @Enohsa)
Obras del Enohsa en Chascomús en octubre de 2023. (X @Enohsa)

La motosierra del Gobierno no se detiene. Tras el anuncio de la finalización del plan Procrear, este jueves se oficializó la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), responsable de la planificación y administración de obras hídricas y por lo tanto del acceso de la población al agua potable. Será en un plazo de 30 días, de acuerdo con el texto publicado en el Boletín oficial. La medida había sido anticipada en octubre por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien definió al organismo como “un antro de corrupción”. Hay gran resistencia por parte de los sindicatos y la oposición, que destacan que quedarán en la calle 230 trabajadores y 116 obras actualmente en curso quedarán sin terminar.

De acuerdo con el Decreto 1020/2024, el Gobierno justificó la disolución de Enohsa considerando que sus funciones son “redundantes” y que pueden ser asumidas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Economía. Esta decisión se enmarca en el objetivo del Gobierno de “optimizar los recursos del Estado y evitar la duplicación de funciones”.

Según el Ejecutivo, “en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos”.

En el último mes, entre otras medidas que avanzaron en la misma dirección, el Gobierno anunció también la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de la culminación, como ya se ha comentado, del plan Procrear.

“Es un antro de corrupción”

El mes pasado, el ministro Caputo había comentado que el organismo era “un antro de corrupción”. “Se creó en el año ‘95 para realizar una o dos obras, pero después le encontraron la vuelta. Pero existe una Subsecretaría de Recursos Hídricos en donde hay 184 obras en ejecución, mientras que en el Enohsa había casi 1.500. ¿Por qué se centralizan las obras allí si ya tenés una subsecretaría que se dedica a eso? Porque es mucho más difícil auditarlas“, explicó el funcionario en LN+.

En ese momento, la decisión fue muy criticada por el extitular del Enohsa, Enrique Cresto, y por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

“Hasta diciembre 2023 se ejecutaron más de 1.500 obras en toda la Argentina. Un millón quinientos mil nuevos beneficiarios de agua potable y servicios de saneamiento”, señaló Cresto. Y agregó que “ningún municipio hoy está capacitado financieramente para desarrollar redes de agua y cloacas con fondos propios”.

Mientras que Katopodis destacó: “Es increíble la brutalidad de algunas medidas de Milei y Caputo. A la pobreza que están generando, ahora le agregan los problemas de salud que van a venir por dejar de cerrar brechas de agua y saneamiento. No les importa la salud de millones de argentinos y argentinas”.

“Un golpe brutal”

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), que agrupa a los trabajadores de Enohsa, reaccionó enérgicamente al anuncio de la disolución. En un comunicado emitido tras las palabras de Caputo destacaron “la gravedad de la medida, que podría afectar a millones de argentinos”, y advirtieron sobre el impacto en más de 200 trabajadores, quienes ya enfrentaron una reducción del 35% en el personal.

El secretario general de Sgbatos, José Luis Lingeri, señaló que “cerrar el Enohsa es un golpe brutal no solo para los trabajadores sanitaristas, sino para todos los argentinos que aún hoy no tienen acceso a agua potable y saneamiento. Esto significa desmantelar un organismo que históricamente ha garantizado un derecho fundamental. Estamos hablando de salud pública y de dignidad. Las consecuencias serán gravísimas, sobre todo para los sectores más postergados”. (DIB) MM

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