Rechazan la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas

Desde la Provincia advierten que esa decisión atenta gravemente contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.

El Gobierno nacional eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que había sido creado en 1995. (Télam)

El Gobierno nacional eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que había sido creado en 1995. “Esta decisión representa un nuevo avance contra los pueblos indígenas”, señalaron desde Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI).

“La Resolución 4811/96 se inscribe dentro de los compromisos constitucionales asumidos en la reforma de 1994, donde nuestros constituyentes reconocieron la identidad étnica y cultural de estos pueblos como parte esencial de nuestra nacionalidad”, indicaron.

Y añadieron: “No se trata solo de mitigar las dificultades que históricamente han enfrentado las comunidades indígenas o de compensar el desapoderamiento que sufrieron, sino de preservar su legado cultural, un componente fundamental de la identidad sudamericana, evitando su disgregación y sus inexorables consecuencias”.

Cabe señalar que la reforma constitucional de 1994 a través de su artículo 75 inciso 17 otorgó un nuevo estatus jurídico a los pueblos indígenas, reconociéndoles derechos de rango constitucional. “En este contexto, el registro mencionado es una herramienta clave, ya que permite visibilizar a las comunidades indígenas en todo el país. Sin este registro, su presencia en las políticas públicas nacionales se diluye, quedando estos derechos a merced de la voluntad política de cada provincia, a pesar de su jerarquía constitucional”, continuaron en un comunicado.

Y finalizaron: “Desde el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), sabemos que es esencial fortalecer los lazos entre la Nación y las provincias para consolidar políticas públicas específicas. Sin embargo, la decisión de derogar este registro atenta gravemente contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”. (DIB)

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