El fiscal federal pidió penas de entre 1 año y 6 meses y 8 años y medio de prisión para veinte de los acusados, al concluir en Mar del Plata, tras seis horas de exposición, su alegato en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con un perjuicio millonario al Estado a través de la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos. El juicio comenzó hace casi un año, tuvo 34 audiencias y declararon 117 testigos.
Caso por caso y de manera detallada, Nicolás Czizik dio cuenta de las responsabilidades de las personas acusadas. También requirió la absolución de 19 imputados: 17 de ellos beneficiarios y 2 mujeres -una abogada y una psicóloga- por no determinarse en instancia de juicio sus responsabilidades en las maniobras. Además, solicitó la absolución parcial de un exfuncionario de la Anses por falta de evidencia, pero requirió pena por la tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra. Por otro lado, abordó los acuerdos de juicio abreviado en los que reconocieron su responsabilidad cuatro médicos, dos empleados, otra persona con vínculos en el estudio y una contadora, y pidió su homologación.
De acuerdo con el sitio Fiscales, las penas más altas fueron solicitadas para los cuatro principales imputados que tenían a cargo el estudio previsional desde donde se realizaban las defraudaciones. Para el abogado Luis Miguel Iros, se pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión; para el también abogado Rubén David Cagni y para Roberto Balbuena, 8 años y 3 meses de prisión, y para el letrado Luciano Conrado Diez Suárez, 7 años y medio.
Los cuatro están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, además de 97 casos de defraudación contra la administración pública, más 250 en grado de tentativa, 102 adulteraciones dolosas de registros y cuatro casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos. El primero, además, fue acusado por dos casos de cohecho. El fiscal pidió, para los cuatro, absoluciones por quince casos de defraudación, uno de alteración dolosa de registro y otro de utilización de documento privado falso, además de siete tenencias ilegítimas de DNI ajenos.
La fiscalía sostuvo que es difícil establecer de forma certera el perjuicio total ocasionado a las arcas públicas por parte de esta organización ante la variable la situación de cada beneficio irregular conseguido por la organización, de los cuales algunos fueron saldados total o parcialmente por los beneficiarios y otros con deuda pendiente en permanente actualización. Todo esto, sumado a los índices inflacionarios de la última década. Pero para poder aproximarse a la magnitud del daño causado, Czizik recordó que en 2017 la Anses denunciaba menos de treinta casos con un perjuicio de 90 millones de pesos. “El universo de casos consumados alcanza de acuerdo a la actual acusación de la fiscalía 97 casos, de modo que aquel perjuicio, al menos debería triplicarse, sin perjuicio de la actualización”, señaló el fiscal, citado por el sitio del Ministerio Público. (DIB) GML
