La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó sin prisión preventiva al excamarista Jorge Ferro, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a dos abogados y a una abogada, coimputados por el delito de tráfico de influencias en causas en las que se investigaba el delito de trata de personas.
El fallo, firmado por Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena, es consecuencia de una orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado la resolución dictada hace casi dos años por la Cámara Federal de Mar del Plata por la que Ferro y las otras tres personas fueron sobreseídas. El tribunal había declarado prescripta la acción respecto del excamarista y su situación había arrastrado la del resto de los acusados, según consigna el sitio Fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Ferro está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por enriquecimiento ilícito, acciones vinculadas con el tráfico de influencias que se les atribuyó a los restantes imputados. De acuerdo con la investigación, el exjuez habría utilizado información con la que contaba en razón de su cargo para privilegiar los intereses particulares de los tres coimputados, “menoscabando así los intereses del Estado y poniendo en jaque la correcta administración de justicia”, indicaron la fiscalía y la Procelac.
De acuerdo con el Ministerio Público, la pesquisa tuvo su origen en una denuncia formulada por el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex); la fiscal Laura Roteta y el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, excotitulares de la Procelac; y el titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, a raíz del análisis de las pruebas obtenidas en el marco del caso “Madaho’s” -nombre de un prostíbulo de aquella ciudad-, en el que se desbarató una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La fiscalía y la Procelac informaron que, según los peritajes de los teléfonos investigados, uno de los acusados -abogado- en ese caso mantenía un estrecho vínculo de amistad, laboral y económico con Ferro, pese a lo cual este último intervino como camarista en el caso “con el propósito de mejorar y favorecer la situación procesal” del imputado, a quien “también le ofrecía asesoramiento jurídico y colaboración en procesos penales del estudio jurídico al que pertenecía”. Aquel abogado fue patrocinado en ese caso por otros dos profesionales pertenecientes a su estudio jurídico. Los tres, en definitiva, ahora están procesados por tráfico de influencias agravado.
En este contexto, también se investiga la posible generación de ganancias ilícitas para los imputados derivada de aquellos hechos. En efecto, se intenta saber si Ferro, cuanto menos desde 2002 y hasta el 1 de mayo de 2020, habría incrementado de modo apreciable y sin justificación su patrimonio. Ferro renunció a su cargo el 1 de mayo de 2018 cuando era investigado por el Consejo de la Magistratura en función de los sucesos ventilados en el caso “Madaho’s”. (DIB) GML
