El ministro de Justicia respaldó la posibiidad de que represores presos condenados por delitos de lesa humanidad obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que generó el repudio del subsecretrio de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno.
“No podemos olvidar el pasado, de ninguna manera, pero tener gente que se esté muriendo, a mí me parece que es un tema que merecería una conversación”, sostuvo el ministro de Juticia al ser consultado por la web Mendoza On Line, en una visita a esa provincia. En esa línea, sumó: “Es un tema que a mi juicio me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia, de la situación de estas personas, que merecerían morirse en su casa con una tobillera y de la mano de su esposa“.
La declaración fue una respuesta a una consulta sobre el escándalo por la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores -entre ellos el emblemático Alfredo Astiz- en la cárcel de Ezeiza. Y se transformó en la primera toma de posición pública de un funcionario del gobierno en favor de las morigeraciones de presiones desde que se se descubrió esa visita, en la que según dos de las diputadas presentes los condenados entregaron al diputado Beltrán Benedit el borrador de una medida como la que ahora respaldó el Ministro de Justicia.
“Son gravísimas las afirmaciones del ministro Cuneo Libarona que considera como venganza el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, indicó Moreno en ese contexto. Y agregó que “no sorprende, no es algo nuevo, porque sigue la línea del gobierno nacional, de la vicepresidenta Victoria Villarruel que se dedicó a defender la actuación de los genocidas, y que los visitó en las prisiones en una clara reivindicación del Terrorismo de Estado”.
El funcionario bonaerense reflexionó: “Transcurrieron 41 años desde la recuperación de la democracia y las condenas a los represores fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, basada en un marco normativo internacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas a tales delitos”.
Según los datos que maneja el Ministerio de Justicia, al menos 300 personas de entre 70 y 80 años se encuentran presas por haber cometido delitos de lesa humanidad. (DIB) ACR/AL
