En medio de una fuerte disparada de la inflación y de la suba de las cifras de la pobreza en el arranque del año, los niños y adolescentes son de los que más sufren. Y ahora según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), 6 de cada 10 menores escolarizados en el país son pobres.
Si se toma el dato general, los niños y adolescentes pobres se ubican en torno al 62,9% del total. Y si bien la mayor proporción de este grupo la componen los alumnos de escuelas públicas, donde la pobreza alcanza al 71,6%, el dato llamativo se vincula con la educación privada.
De acuerdo al informe, el 26,8% de los alumnos de escuelas privadas laicas son pobres, mientras que la cifra asciende al 33,9% entre los alumnos de colegios parroquiales o religiosos.
En Argentina la mayoría de los niños y adolescentes escolarizados asisten a escuelas de gestión estatal (72,4%), aunque la cifra es mucho más baja en CABA, donde ronda el 51%, mientras que se ubica en torno al 67% en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, según datos del último Relevamiento Anual elaborado por el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación de la Nación. De los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario), el jardín de infantes es el que tiene los mayores porcentajes de matrícula en el sector de gestión privada.
En general, los alumnos de escuelas privadas tienen un nivel socioeconómico más alto que los que asisten a escuelas de gestión estatal. Sin embargo, 3 de cada 10 alumnos de escuelas privadas (29,4%) se encuentran en situación de pobreza, advierte el ODSA: son alrededor de 356.000 niños y adolescentes. El dato corresponde al segundo semestre de 2023, y supone una leve mejora con respecto a las cifras de 2022.
El informe fue elaborado por los investigadores Ianina Tuñón y Matías Maljar, en base a los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (referidos únicamente a centros urbanos con más de 80 mil habitantes) para indagar en algunas características de la población en edad escolar, con el objetivo de ofrecer evidencia que pueda servir a “la construcción de políticas públicas orientadas a poblaciones que en esta coyuntura pueden enfrentar dificultades para continuar estudiando” en las escuelas privadas. (DIB)