La causa por la llamada “mesa judicial”, que fue impulsada para investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas, tuvo un nuevo capítulo: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos por entender que nunca existió delito.
El fallo -firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti hace unas semanas, pero dado a conocer en las últimas horas- sostiene que a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis. Y estableció como punto clave que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en aquel momento, pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Además, cuando fueron a declarar, afirmaron que no se habían sentido afectados ni habían torcido sus decisiones judiciales por las causas en las que intervenían.
Capuchetti afirmó que “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.
El fallo entendió que no existió delito y por eso se sobreseyó por “falta de acción” a Macri, Garavano, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al exsubsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques y al asesor presidencial “Pepín” Rodríguez Simón, quien continúa prófugo.
Cabe señalar que el exasesor presidencial aún es buscado por la jueza María Servini, en el marco de la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. El abogado argentino había pedido a la Justicia uruguaya ser considerado un refugiado político.
Los problemas judiciales para Rodríguez Simón comenzaron en marzo de 2021. Para ese entonces, Servini había avanzado con una investigación en su contra en la que se lo acusaba de haber integrado una presunta asociación ilícita. Se trata de la denuncia que radicó el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa.
Servini llamó a indagatoria a “Pepín” pero el exasesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía en mayo de 2021 y dictó una orden de captura. Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, “Pepín” inició el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en ese país.
En marzo pasado, la Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el exasesor presidencial. La extradición de “Pepín” continúa en suspenso.
Durante 2019 y 2023, Rodríguez Simón no perdió su condición de diputado del Parlasur. Desde allí, cuando se quiso tratar su expulsión, el abogado mostró un video que compilaba intervenciones de dirigentes argentinos hablando en su contra y se consideró un “perseguido político” en Argentina. (DIB)
