En la intendencia de Mar del Plata se vive por estos momentos una situación inédita: tres funcionarios tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros de tres concejales del mismo espacio, según lo dispuso la Justicia, por supuestas amenazas y violencia física. La jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó una orden de restricción contra el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes, además de tres gremialistas. Los tres funcionarios municipales -que hasta el momento continúan en funciones- fueron denunciados por los concejales radicales Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero y el militante radical Luciano Pagni Salaverry, según consignó La Capital de Mar del Plata.
La orden de restricción alcanza también a dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, su titular Cristián Echeverría, y los referentes Diego Paredes y Federico Cardozo.
El caso es llamativo porque son los mismos concejales que deben defender las iniciativas que el municipio envía al Concejo Deliberante los que fueron a la Justicia para denunciar a tres miembros del gobierno comunal.
El 23 de marzo
El asunto comenzó el 23 de marzo. Ese día los concejales realizaron una presentación ante la ayudante fiscal Carolina Castañeda, en la que denunciaron “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.
En la presentación los ediles mencionan varios hechos que ocurrieron a lo largo de ese mes. El miércoles 8 el coordinador de Desarrollo Social Santiago Reyes amenazó, según el escrito, al concejal Núñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.
El 21, el subsecretario Teruel y el coordinador Amodey ingresaron a la oficina del concejal Núñez en el Palacio Municipal y le dieron un ultimátum. Según la denuncia citada por La Capital, los funcionarios lo emplazaron a que diera una respuesta antes del jueves. En caso contrario, “debería atenerse a las consecuencias”.
Mientras tanto, el 24, durante un acto por el aniversario del golpe de 1976, Paredes, Cardozo y otros miembros del sindicato de trabajadores del casino quisieron obligarlo a Núñez y a su grupo de trabajo a “bajar las banderas, utilizando la violencia física baja la amenaza de que la iban a pasar mal”.
Escraches
Después de esa serie de hechos, el 26 de abril, la casa donde viven la exmujer y la hija de Núñez apareció con pintadas.
En la causa, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró que “a través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”. Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Núñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”.
El ataque a la casa familiar de Núñez recibió un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas en la última sesión del Concejo Deliberante. Justamente el concejal opositor, Roberto “Chucho” Páez, se solidarizó son su par Daniel Núñez, repudiando “la actitud de estos marginales, que en los últimos tiempos han recurrido a estas actitudes”.
En virtud de estos elementos, la jueza marplatense Lucrecia Bustos dictó una medida cautelar que le prohíbe a los acusados acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes. También tienen prohibido tener un contacto por cualquier medio.
Además de Baragiola, los secretarios de Obras, Jorge González, y del Emsur, Sebastián D’Andrea también expresaron que sufrieron la misma violencia de los funcionarios y los sindicalistas apuntados. Y también lo aseguró del mismo modo el concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez. (DIB) MM