Por Marien Chaluf, de la Agencia DIB
El exjuez Luis Federico Arias, actual concejal de La Plata, fue uno de los actores más involucrados en la búsqueda de la verdad tras la inundación del 2 de abril de 2013, cuando en una investigación logró develar que los fallecidos a causa de la tragedia eran más que los computados de manera oficial.
En diálogo con DIB, recordó los inicios de la investigación, las trabas que tuvo que atravesar a medida que avanzaba y las irregularidades de los diferentes actores políticos en el manejo de la tragedia. Además, cuestionó los intereses inmobiliarios y dijo que hay que tomar consciencia de que La Plata sigue siendo un territorio inundable.
Asimismo, reafirmó que sufrió operaciones políticas y mediáticas, y lamentó que “a 10 años de la inundación, todavía no hicimos el duelo colectivo”.
¿Cómo lo interpela esta fecha? ¿Qué significan para usted estos 10 años?
Estas fechas son de mucho movimiento. Es un acontecimiento que ha marcado sin dudas nuestra memoria colectiva. Pero sigue habiendo manipulación de los hechos. Y el drama es cuando no podemos hacer el duelo colectivo y no podemos afrontar nuestras realidades. Hay problemas vinculados a intereses más allá de los actores y sectores políticos involucrados, porque no fue solo una tragedia natural sino también política. Pero hoy los problemas están vinculados a los intereses inmobiliarios. Creo que la depredación urbana ha sido de tal magnitud que es muy difícil tomar las medidas necesarias sin afectar los intereses de un sector, que además ha sido históricamente fuente de financiación de la política.
¿Cuáles serían esas medidas?
Por ejemplo, he presentado un proyecto en el Concejo Deliberante para que los postes de luz y las nomenclaturas de las calles estén pintados de diferentes colores de acuerdo al riesgo que está señalado en los protocolos del informe de la Universidad Nacional de La Plata, que ha relevado barrio por barrio. Porque hay un problema: hoy la gente no sabe qué tendría que hacer porque no ha habido un proceso de concientización, y uno de los principales pasos de la gestión de riesgo es la toma de consciencia. Tenemos que saber que La Plata es una ciudad inundable. Las obras mitigan, ayudan, pero no solucionan. Tenemos que readaptarnos a esa realidad, lo que implica no tapar los arroyos, generar humedales y soluciones amigables con el medio ambiente y, sobre todo, planificar en torno a esa realidad.
¿Cómo evalúa las obras que se hicieron?
Creo que hubo inversiones que fueron importantes y que continúan ahora con mucha intensidad. Pero considero que algunas obras no se hicieron bien, por ejemplo todo ese pavimentado que se hizo en los arroyos, eso hace que circule sin absorción y a mayor velocidad. Creo que no es cuestión de pavimentar los arroyos, sino de respetarlos porque son parte de nuestra naturaleza y de nuestra composición topográfica. No tenemos que construir donde están los arroyos, este es el primer punto; y el segundo punto, que esto fue motivo de una decisión judicial que adopté en su momento fue la de relocalizar a las personas que están en los arroyos y por tanto están en un mayor grado de vulnerabilidad. La ciudad todavía tiene territorio, pero no hay que olvidar que el territorio es finito. Si no lo cuidamos, hay un riesgo grave de que ocurra otra tragedia.
¿Cómo recuerda los inicios de la investigación?
Los jueces frente a este tipo de situaciones tienen que actuar mucho más activamente. Las partes del proceso judicial nos pedían pruebas y nosotros estábamos muy atentos a lo que decía la sociedad. Yo tenía mucho intercambio, por ejemplo, con la gente a través de Facebook, y estábamos muy presentes en las asambleas de autoconvocados y muy atentos a lo que señalaba la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se decía que estaban trasladando cuerpos a las morgues del conurbano para cremarlos, nosotros dispusimos medidas para allanarlas. A través de la Asesoría Pericial, se allanó y se buscó información en torno a todas las morgues existentes en el conurbano. Otro ejemplo: la ciudanía decía que la morgue de La Plata estaba colapsada y fuimos, no pudimos entrar, no nos dejaron entrar, tuvimos que convocar a Gendarmería nacional para poder allanar la morgue y allanamos el Ministerio de Seguridad de la provincia para acceder al sistema informático en el que se registran las huellas digitales de las personas fallecidas. En el medio de todo eso, los grandes medios de comunicación no ayudaban realmente. Muchos ocultaban deliberadamente la situación.
¿Sigue en diálogo con los familiares de las víctimas y con los damnificados?
Lamentablemente hubo mucha manipulación política. En las asambleas había mucha gente autoconvocada de forma espontánea, pero después se fue politizando, hubo sectores políticos que fueron cooptando esos espacios, tratando de llevar agua para su molino, desprestigiando, incluso a mí. Hubo manipulación política y mediática, que alejó a muchos vecinos y a familiares de víctimas de la vida pública, muchos se sintieron manipulados. Y detrás de cada víctima hay historias tremendas, algunas de las cuales fueron retratadas en videos, en libros, en poesías.
¿Alguna historia que lo haya conmovido en lo particular?
Recuerdo la historia de la familia Aguirre, un matrimonio grande, ella con una discapacidad, vivían en la zona del Distribuidor, y él trató de sacarla, y se hundieron los dos y él nunca la soltó. Es una historia desgarradora, que me cuesta mucho narrarla. Muchas veces los familiares tampoco hablan, porque no hay contextos de acuerdos sociales y políticos para que puedan hacerlo. Otra historia que recuerdo mucho es la de Paola García, una chica que cruzó toda la ciudad caminando para buscar a sus padres que estaban en el barrio La Loma y que encontró a su padre fallecido. Esa fue la primera persona que nos dimos cuenta que habían ocultado. Tenía un certificado que decía que había muerto por un cáncer hepático, porque no querían aumentar el número de víctimas. Y todavía hay muchas historias que no conocemos en profundidad, porque no hicimos el duelo colectivo.
¿Por qué cree que ocurre eso?
Hubo mucho desamparo por parte del Estado. En esos momentos tan críticos, el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias, ciertos sectores políticos trataron de negar, de ocultar y de mentir. Fue una tragedia política, no solamente natural.
Mucho se habló y se sigue hablando del número de víctimas fatales, que son 89 según el expediente. ¿Qué puede decir al respecto?
Creo que hay que ser serios con lo que se dice. Nosotros dictamos sentencia en tiempo récord, en menos de un año, eso no existe en el poder judicial. Eso fue producto de un trabajo intenso que hacíamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, todos los empleados sin cobrar horas extras con el mero compromiso de que se sepa la verdad. Y hemos tenido que allanar los libros de la Policía Judicial con la Policía persiguéndonos. No me entregaron los audios del 911, los hicieron desaparecer; tampoco las imágenes de las cámaras. Pero nosotros así y todo seguimos todos los procedimientos probatorios y el número fue ese: 89 víctimas, 16 casos dudosos que no se pudieron comprobar, pero que yo en mi fuero íntimo creo que sí lo fueron. Y hubo dos casos de niños, que quedaron en el aire, que no se supo. Pero la sentencia no cerró el cómputo, quedó otra causa abierta por eventuales casos que pudieran aparecer. Ahora, en 10 años nadie más apareció. Se decía que algunos eran extranjeros, entonces pedí informes a las embajadas y a los consulados. Este fue el número que determinamos después de un duro trabajo de un año. Y bueno, lógico que puede haber errores y más víctimas, este número no se cerró, pero también es cierto que pasaron 10 años y no apareció ninguno.
Usted habla de operaciones mediáticas, política y judiciales. ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, tuve que mandar una carta documento al diario La Nación para que dejaran de decir que no se sabía el número de víctimas. En aquella época sufrimos muchas operaciones de prensa, políticas y judiciales. El juez (Guillermo) Atencio me hizo un planteo de competencia sin ver el expediente. Era una acción de hábeas data, una acción contencioso administrativa para obtener información. Algunos desafortunados dirigentes políticos siguen diciendo que son más los muertos. Bueno, traigan nombres y apellidos porque han pasado 10 años y no apareció nadie, seamos serios. Y he leído en algún medio que “hubo dos grandes investigaciones”, la penal y la administrativa. No, no hubo dos investigaciones, hubo una investigación que fue la contenciosa administrativa, y la penal, en realidad fue una operación política para quitarme la causa y bajar el número de víctimas. Porque en la penal solo se computaban las traumáticas, y no las no traumáticas como la gente que moría en los hospitales. (DIB) MCH