La oposición habla de “altísima gravedad institucional” y presenta denuncias penales contra el Gobierno

La oposición habla de “altísima gravedad institucional” y amenaza con denunciar al Gobierno por no acatar fallo
La oposición habla de “altísima gravedad institucional” y amenaza con denunciar al Gobierno por no acatar fallo. (Télam)

La oposición habló este viernes de “altísima gravedad institucional” y acusó al Gobierno de “exponer al país a la anarquía”, luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por los fondos coparticipables. Asimismo, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia penal contra los funcionarios que incumplan la decisión del máximo tribunal.

La denuncia, según había anticipado la exdiputada, fue realizada por “alzamiento, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, junto al presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López; y legisladores nacionales y porteños del espacio.

Carrió denunciará al Gobierno y Macri dice que no acatar el fallo "destruiría la continuidad jurídica"
Carrió denunciará al Gobierno y Macri dice que no acatar el fallo “destruiría la continuidad jurídica”.

Asimismo, el legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, presentaron otra denuncia penal contra el Presidente.

“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.

En tanto, el expresidente Mauricio Macri expresó por redes sociales que “Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia” y afirmó que “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”.

Macri agregó que “las sentencias no se discuten, se cumplen. La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.

“Cuando a fines de 2015, apenas habíamos asumido, la Corte dictó un fallo millonario por coparticipación, no busqué excusas, y mucho menos embarqué al país en una crisis institucional. Confiamos en la Justicia”, finaliza el texto publicado por Macri.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Alberto Fernández “quiere quebrar el orden constitucional”, y aseguró que la decisión del mandatario nacional es de “altísima gravedad institucional” que “pone en riesgo las bases de nuestra democracia”.

El alcalde porteño recordó también que el Presidente decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. “Esto no es en contra de la Ciudad. Es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica en nuestro país. Es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, se preguntó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dice que está “trabajando para construir un plan”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Y añadió: “Es un ataque específico contra los millones de argentinos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y contra los muchos millones más que todos los días la visitan, que vienen a estudiar, a trabajar, a atenderse en los hospitales”.

En este contexto, Larreta anticipó que la Ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte para informar de este incumplimiento y a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo. Además, señaló que el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho.

“Hoy más que nunca nos tenemos que aferrar a la Constitución y a la defensa de las instituciones. La fuerza de la ley fue, es y será siempre nuestra mejor arma contra el autoritarismo y la arbitrariedad. Basta de atropellos, basta de impunidad, basta de violar la Constitución”, reclamó el jefe de gobierno porteño.

Además, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich sostuvo en TN que más allá de la versión dada por el Ejecutivo Nacional, “no es dinero de las provincias” es el que se le quita al Gobierno.

“Siempre fue dinero que se le pagó a la Policía Federal. Mienten”. Por tal motivo, denunció que “han decretado la muerte de la Constitución”, señaló.

Ayer, tras una reunión con 14 gobernadores peronistas, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Ejecutivo, a través de un comunicado, luego de la reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

Posteriormente, el mandatario reiteró en declaraciones al canal C5N que el fallo es “muy singular” y de “imposible cumplimiento”.

Alberto Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso “se deben cumplir” y añadió que la norma en cuestión -sobre la que se funda el porcentaje de coparticipación hoy vigente- “no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad”. (DIB)