Los procesados por los disturbios y acciones violentas del denominada grupo “Revolución Federal” apelaron este miércoles sus procesamientos ante la Cámara Federal porteña en la causa que se les sigue por amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Así, los abogados de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Basile recurrieron el procesamiento de sus defendidos por el artículo 213 bis del Código Penal, que castiga con prisión de tres a ocho años al que intente imponer sus ideas, o combatir las ajenas, por la fuerza.
Argumentos
La abogada de Morel, Patricia Chale, señaló que “los considerandos expuestos en la resolución apelada no tienen la entidad suficiente, o sea que no tienen el mérito adecuado como para procesar a mi asistido”. “No existen elementos probatorios que indiquen que aquellas personas tuvieran por objeto imponer ideas o combatir las ajenas, tampoco se especifica ni se demuestra cuáles serían las ideas a imponer, más allá de la libre expresión de descontento con las acciones del Gobierno de turno”, añadió.
Mientras que en el caso de Gerardo Pardo, defensor de Basile, se puso de relieve el “gravamen irreparable a los intereses de una persona inocente” que generó el procesamiento en la hija del popular director técnico de fútbol, Alfio “Coco” Basile. Para Pardo, los integrantes de Revolución Federal “tan solo se limitaron a expresar su descontento social ante exponenciales hechos de corrupción y la marcada decadencia institucional que lamentablemente aqueja a nuestra Nación”.
En igual sentido se pronunció la defensora de Guerra, Gladys Egui, cuando sostuvo en su escrito que en el procesamiento dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi “no expuso con la precisión mínima e indispensable las condiciones de tiempo, modo y forma en la que mi defendido habría violado la norma penal”.
La misma abogada, representante también de Sosa, señaló las “graves irregularidades que enmarcan el proceso judicial en cuestión” y solicitó “sin más” la nulidad del procesamiento.
“Un plan criminal”
La causa se inició por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante la sospecha que “se podría atentar contra el orden democrático” y en un contexto donde se venía investigando, en otra causa, a la banda que atentó contra la vida de la vicepresidenta por la cual hay tres personas detenidas.
Según el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, los acusados “llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y queriendo “incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”. Justamente, fueron acusados en base a las amenazas que volcaron ellos como agrupación en las redes sociales.
El caso escaló cuando dos jueces decidieron liberar a los acusados y el mismo presidente Alberto Fernández emitió una feroz crítica en sus redes, en la que deslizó que los magistrados “ocupan sus bancas en forma contraria a la Constitución”.
Ahora la Cámara deberá definir si toma la apelación y si sostiene o revoca el procesamiento de los cuatro integrantes de la organización que arrojó antorchas encendidas dentro de la Casa Rosada. (DIB) MM