El Gobierno bonaerense intimó al Colegio Magno del distrito de Pilar a que retrotraiga en un plazo de 48 horas su decisión de no matricular a alumnos con discapacidad, tras la denuncia por discriminación realizada por las familias de los estudiantes.
La situación tomó estado público en las últimas horas cuando varias familias de la comunidad educativa del Colegio Magno realizaron un abrazo simbólico a la institución.
Los manifestantes colocaron un pasacalles en las inmediaciones de la escuela en el que se puede leer “basta de discriminación”. Asimismo señalaron que el dueño del colegio comparó “el contrato pedagógico con uno de alquiler” y que les dijo que sus hijos “bajaban la vara del resto del aula”.
En un comunicado difundido este miércoles, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (Dgcye) indicó que la decisión del colegio de excluir y no rematricular a los estudiantes “incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo, tanto de gestión privada como estatal, y con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa”.
“En los artículos 4 y 5, entre otros, la ley prescribe la responsabilidad de la Provincia a través de la Dgcye de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes. Asimismo, el Decreto reglamentario 552/12 establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento”, explicó la Provincia.
En este marco, ayer las autoridades de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada de la Dgcye se hicieron presentes en el Colegio Magno. Allí, detalla el comunicado oficial, “labraron un acta en la cual intimaron al Colegio Magno a retrotraer la decisión de no matriculación en el plazo de 48 horas, para resguardar el interés superior de las niñas y los niños”.
Discriminación
La semana pasada madres y padres de ocho alumnos del nivel primario y secundario recibieron un mail en el que se les avisaba que sus hijos no iban a ser matriculados para 2023. “Nos comunicamos en esta oportunidad para informarles que su hijo no podrá ser matriculado para el ciclo 2023. Entendemos la importancia de enviar esta notificación de forma temprana para que cuente con el tiempo necesario para planificar la continuidad pedagógica en otra institución educativa”, escribieron en el mail las autoridades, sin dar los motivos de la decisión.
Tras los correos electrónicos recibidos por las familias de niños, niñas y adolescentes que cuentan con dificultades de aprendizaje, en algunos casos con discapacidades, y varios concurren con el acompañamiento de maestras integradoras. Las madres y padres asistieron a la escuela y se reunieron con uno de los dueños del establecimiento, Sebastián Boix Mansilla, y con la directora general.
En diálogo con la prensa local, la madre de uno de los afectados, un nene de 13 años con diagnóstico de dislexia, comentó que “el dueño nos dijo que nuestros hijos bajaban la vara del resto del aula”, porque sus tiempos en el proceso de aprendizaje demoran al resto.
Las familias comentaron que el dueño, para justificar la decisión, les hizo la siguiente pregunta: “¿Alguna vez alquilaron una casa? Yo en este caso vendría a ser el dueño de la propiedad y decido a quién se la alquilo”.
El comunicado difundido hoy por el Gobierno bonaerense señala que “la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires tiene la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión, que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado”.
En esa línea, indica que “en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante” y que “en cada una de las instituciones educativas de la Provincia se trabaja diariamente en la construcción de los vínculos y en el respeto hacia las y los otros, promoviendo la convivencia, la contención y la integración”. (DIB) MT