La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
La presentación para que la Vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada ayer por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.
Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
Audios entre Morel y Castelli
En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”.
La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.
En uno de los audios que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde. (DIB) ACR
