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14/09/2022
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Suspenden 40 mil planes y hay tensión con las organizaciones sociales

El Ministerio de Desarrollo Social bloqueó a beneficiarios del Potenciar Trabajo y de las becas Progresar por “incompatibilidad” entre los planes. El MTE de Grabois, la CCC de Alderete y Somos-Barrios de Pie de Menéndez cuestionaron la medida firmada por Zabaleta y avalada por Pérsico. Unos mil millones de pesos, el beneficio fiscal para Massa.

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Hay un nuevo conflicto en puerta entre el Gobierno y organizaciones sociales oficialistas. En medio de la tensión por la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, la reciente suspensión de 40 mil planes volvió a poner en jaque al Ejecutivo con parte de su base de apoyo popular.

El origen de la disputa es la “incompatibilidad” que existe entre el Potenciar Trabajo –que otorga unos 24 mil pesos a cambio de cuatro horas de trabajo diario en cooperativas– y las becas Progresar –que aporta $5000 para jóvenes de entre 17 y 18 años que estudian–. La baja de los planes se efectuó durante el fin de semana y se conoció el lunes, cuando los beneficiarios no vieron en sus cuentas bancarias la acreditación del dinero por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta.

Ayer, importantes agrupaciones kirchneristas pegaron el grito en el cielo. “Denunciamos que de un día para el otro dejaron sin salario social complementario a miles de laburantes con sus contraprestaciones trabajadas durante agosto, sin previo aviso y sin la posibilidad de hacer el trámite y elegir dar de baja el Progresar para seguir cobrando por su trabajo”, cuestionaron en un comunicado conjunto desde la Corriente Clasista Combativa (CCC) –del diputado nacional Juan Carlos Alderete–, Somos-Barrios de Pie –de Daniel Menéndez, a su vez funcionario de Desarrollo Social– y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –de Juan Grabois–, entre otras organizaciones que también integran la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

Cerca del ministro Zabaleta admitieron a elDiarioAR la suspensión de los planes e incluso la posibilidad de que el conflicto escale. “Siempre puede haber discusiones con las organizaciones, pero la incompatibilidad de los planes es así”, aseguraron fuentes de Desarrollo Social.

Los ajustes de Sergio Massa

La decisión que impactó este mes va en línea con el proceso de “ordenamiento” del Potenciar Trabajo que el Gobierno comenzó en diciembre pasado, cuando se habilitó un mecanismo para que sus 1,3 millones de beneficiarios puedan solicitar el cambio de Unidad de Gestión. En agosto, tras la asunción de Sergio Massa en Economía, Zabaleta aceleró la auditoría de los planes apoyado en las universidades nacionales, luego de firmar una resolución con su par de Educación, Jaime Perczyk.

Aunque la auditoría recién está avanzando a “modo de prueba” en algunos distritos del conurbano y de otras provincias –como Lanús y Santa Fe, según supo este medio–, ya el mes pasado Desarrollo Social “observó” que existía una incompatibilidad entre el Progresar y el Potenciar Trabajo. Por eso apenas comenzó septiembre evitó el pago de la contraprestación. “Se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad. Las personas que tienen la suspensión del programa Potenciar Trabajo deben elegir entre uno u otro”, aseguraron voceros de la cartera de Zabaleta.

El rechazo de las organizaciones fue contundente: “Exigimos que las levanten [a las suspensiones] en un pago complementario durante el mes de septiembre mientras realizan el trámite de baja correspondiente. Las decisiones de quien pone un plato de comida en su mesa y quien no, no pueden tomarse a las apuradas desde una oficina, tienen que tener más respeto por los y las que menos tienen en un contexto crítico”, se lee en otro párrafo del comunicado, que sin embargo revela otra tensión hacia la interna de la economía popular. No está firmado por el Movimiento Evita, la agrupación social más grande, que tiene a Emilio Pérsico en ambos lados del mostrador: es el referente principal y, a su vez, secretario de Economía Social.

“Emilio dio el aval para suspender los planes”, apuntó una voz dentro del ministerio y que también milita en una de las organizaciones afectadas por el recorte.

En el Evita se apegan a lo que dice la norma, pero en la CCC, el MTE y Somos-Barrios de Pie pusieron el foco de su cuestionamiento en un “gris” que hay en las resoluciones que regulan ambos programas: mientras los requisitos del Potenciar Trabajo no permiten la compatibilidad con otro plan, no pasa lo mismo con el Progresar. “Eso hizo que muchos jóvenes que tenían el Progresar se hayan anotado al Potenciar sin problema, hasta ahora que a un ‘cerebrito’ se le ocurrió revisar todo. El problema es que el recorte del plan lo hicieron al Potenciar, que es el de mayor monto, y no al Progresar”, señaló el dirigente social y funcionario. “Esto va a traer mucho quilombo”, completó.

Si efectivamente se avanza con el recorte de esos planes, tanto las organizaciones oficialistas afectadas como las opositoras nucleadas en la Unidad Piquetera amenazan con volver a las calles. Ayer hubo una protesta en el microcentro porteño.

Otra cuestión es el impacto en las cuentas públicas: el recorte de estos planes sería un ajuste de al menos unos 1000 millones de pesos del presupuesto. Va en línea con el recorte del gasto público de Massa para alcanzar la meta fiscal de 2,5 comprometida con el FMI para 2022.

La tensión entre el Gobierno y las organizaciones había tenido una tregua el domingo pasado, cuando el tigrense anunció –luego de negociar con Grabois y por intervención de Cristina Kirchner, según conoció elDiarioAR– la implementación de una partida destinada directamente a la población en situación de indigencia, que no reciben ningún tipo de plan social y trabajan en la informalidad. Entre 2 y 3 millones de personas recibirían por mes hasta fin de año una suma cercana a los 15 mil pesos –el equivalente a la canasta básica individual–. Según estimó a este medio Itai Hagman, diputado y economista cercano a Grabois, el costo fiscal sería de 0,25% del PBI y sería financiado con lo que se recaude por la liquidación de la soja que haga el campo. (DIB)

 
 

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