Por Andrés Lavaselli
El intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández es un hecho de una gravedad imposible de exagerar y ciertamente excepcional en el ciclo democrático que se inauguró en 1983 (hay que retrotraerse a 1986 o 1991 con Raúl Alfonsín para encontrar episodios equiparables), pero no es un hecho aislado: se inscribe en un proceso de endurecimiento del debate político argentino que lleva años. La pregunta tal vez más importante que se abre ahora es si lo que ocurrió tendrá la fuerza suficiente para revertir esa tendencia.
Hay una primera cuestión que conviene poner en foco: la investigación sobre lo ocurrido, que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, aún es incipiente. Una segundo dato, no menor, es que por ahora no haya objeción desde el kichnerismo a lo que vienen haciendo una magistrada designada a propuesta de Mauricio Macri y un acusador al que el cristinismo suele incluir en el equipo del lawfare. Esto es central porque solo la conformidad política con la actuación judicial permitirá cerrar en la vida pública el episodio.
Lo escalofriante de la escena captada por varias cámaras en Juncal y Uruguay, el rápido arresto de Fernando Sabag Montiel, inducen una sensación de caso cerrado. No es así: ¿Quién es el abogado que se presentó el viernes a ejercer la defensa en nombre de su familia, ayuda que él rechazó? ¿Por qué apareció varias veces en el mismo programa de Crónica TV? ¿Tenía un segundo celular que solo uso para hablar, menos de una decena de veces, con el mismo número? Algunos, no todos, de los interrogantes que deben ser resueltos sin dudas.
En el terreno estrictamente político, domina la pregunta sobre los discursos de odio. Escapa a las posibilidades de esta columna hacer un memorial de agravios que resuelva de modo tajante qué sector contribuyó más al enrarecimiento del debate en los últimos años. Pero el tamiz extra político con el que sectores de la oposición y algunos medios describen, una y otra vez, a la vicepresidenta y su espacio político, desalienta lecturas en la matriz de los “dos demonios”. Eso, sin negar excesos del kirchnerismo, que también los hubo.
En paralelo, tras lo ocurrido algunas de las tendencias políticas que se iniciaron cuando el fiscal Diego Luciani pidió condenar por robo al Estado y excluir de la vida electoral a Cristina, ahora se potenciaron. 1) La vice ocupa un lugar todavía más central en el dispositivo del FdT: el fantasma casi horrendamente corporizado de su salida del escenario reforzó la idea de que es irremplazable. Solo ella unifica ese campo. 2) La oposición sumó un nuevo capítulo de discrepancias, que la sesión en Diputados para repudiar el atentado dejó expuesta.
En Todos hay una revisión en curso de lo actuado en materia de seguridad. Apenas un rato después del fallido disparo, un alto dirigente de ese espacio se comunicó con el ministro Aníbal Fernández para relatarle la violencia de la policía porteña. Cuando colgó comentó, extrañado, que lo notó pasivo. Nadie piensa en teorías conspirativas, pero surge la pregunta por la eficacia. Hubo, también, reproches al volumen de la respuesta general, política, que ensayó el Ejecutivo, realizados desde núcleo cristinista en ese estamento. No sin cierto tono elevado.
“Los halcones se van a endurecer más”: es conclusión a la que llega el asesor de uno de los principales actores de Juntos en la Provincia. Traducción: Macri y Bullrich (cada vez más una dupla), más allá de que en público hayan reaccionado distinto a lo ocurrido en Recoleta, seguirán tensando. Larreta, el más incómodo desde el sábado de las vallas, cree que tiene una oportunidad porque Cristina lo “subió al ring” con sus críticas. Tal vez lo haya hecho porque lo lee como un poder menos hostil hacia ella, si le llega a tocar el llano.
En esas condiciones, es difícil imaginar la fundación de un nuevo “pacto democrático”, que incorpore el combate a los “discursos de odio” al consenso a los DDHH, como postulan algunos dirigentes a modo de propuesta de salida de esta coyuntura. Los efectos de la tensión, además, se difuminan hacia Provincia: en el distrito, la convivencia es mucho mejor que en nación, pero la lógica de confrontación termina por imponerse y se produce una cierta parálisis.
Ejemplo de lo anterior. Hubo un comunicado conjunto y casi inmediato de diputados y senadores de Juntos repudiando el ataque. Pero esos mismos legisladores no logran superar la pausa en la que un veto de Macri sumió al proyecto para reformar la ley jubilatoria del Banco Provincia. Eso, pese a que informalmente la Corte hizo saber que si falla la declarará inconstitucional. Una bomba de tiempo económica para cualquier gobernador, que obligaría al tesoro a auxiliar a la entidad financiera.
En ese marco, los gobernadores peronistas del norte empujan, en la Liga que apadrina Axel Kicillof, una suspensión de las PASO. A la oposición no le conviene: obligaría a montar una elección propia para resolver candidatos y eliminaría el efecto “voto útil”, posterior a un primer turno electoral favorable, al menos en las hipótesis que maneja ese sector. En la mayoría de los distritos cuyos mandatarios impulsan la idea, no hay una ley de internas específica, pero en Buenos Aires sí. Doble dificultad: si sobrara superar el filtro de la cámara de Diputados nacional, en Provincia el senado sería un obstáculo insalvable para el Frente de Todos. (DIB) AL