El Gobierno bonaerense prorrogó este jueves por un mes y medio la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida que fue sancionada por la administración de María Eugenia Vidal y luego dejada sin efecto por esa misma gestión ante el descontento de organizaciones ambientalistas.
La prórroga fue confirmada hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires a través de la resolución 319/2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario. En la misma se detalla que la 246 seguirá permaneciendo sin efecto durante 45 días (contando desde el 15 de agosto) para “culminar los encuentros y/o mesas de trabajo contribuyentes a terminar de evaluar criterios de complementación normativa” en el marco del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), un ente creado en 2020.
La 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigar y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.
Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.
Tras el cambio de gestión, el gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.
En el marco del trabajo interdisciplinario, la 246 volvió a suspenderse otras tres veces: por un año más en febrero de 2021, por otros seis meses en el inicio de este año y ahora por 45 días. O sea, desde su publicación, acumula más de tres años y medio de suspensión.
Hasta el momento, la OTA cuenta con 562 documentos científico-técnicos aportados por distintas instituciones. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario impulsó mesas de trabajo sobre la temática en distintas zonas de producción agropecuaria.
En esa línea, tal como informó DIB, el Gobierno provincial creó la semana pasada un “proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos” para mapear las normativas vigentes.
El proyecto de georreferenciación se propone “representar gráficamente las restricciones territoriales para las aplicaciones, determinadas a nivel local y provincial de conformidad a la normativa vigente”, “coadyuvar a la fiscalización de las aplicaciones tanto a nivel provincial como municipal” y “contribuir al sistema de información pública en materia de uso y aplicación de agroquímicos”. (DIB) MT