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12/08/2022
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Respuesta integral al VIH: qué dice el proyecto que el Senado se encamina a convertir en ley

El debate comenzará al mediodía y se espera que la votación sea a las 14. La iniciativa busca reemplazar la Ley 23.978, aprobada hace más de 30 años.

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La Cámara de Senadores debatirá este jueves y se encamina a convertir en ley el proyecto de ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral y desde la salud colectiva.

Organizaciones y colectivos que luchan por la actualización de la Ley Nacional de Sida preparan actividades en las afueras del Congreso para acompañar el debate. Para su aprobación, necesitará al menos 37 votos de un total de 72 bancas de la Cámara Alta. Se espera que la votación sea a las 14.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, busca reemplazar con una norma integral a la Ley Nº 23.798, aprobada hace más de 30 años, en agosto del 1990.

La iniciativa hace hincapié en la producción pública, la asequibilidad, y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis en todos los subsistemas de salud de la Nación; la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros.

Paralelamente, propone que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH y Hepatitis B y C esté acompañada de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.

También prevé la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades. Se incluye una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de servicios con aportes computables y 10 años o más desde su diagnóstico, y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social.

“La ley de 1991 es muy buena porque ofrece la gratuidad de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento, pero en estos 30 años hemos aprendido que no es suficiente, que hay que prestar atención también a los determinantes sociales de la salud”, dijo Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH esta semana durante el webinar “Nueva Ley de VIH y Hepatitis, de Argentina al mundo”.

“La de 1990 era una ley de emergencia de vida, mientras que la que proponemos es una ley de calidad de vida, de acceso a los derechos que nos corresponden”, dijo a Télam el periodista y activista VIH+, Lucas Fauno Gutiérrez.

El pasado 5 de mayo, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa por 241 votos positivos y sólo 8 negativos, entre ellos Javier Milei, José Luis Espert y legisladores de Juntos por el Cambio, después de que el proyecto perdiera estado parlamentario en 2017, 2019 y 2021.

En forma unánime y con más fuerza desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con el virus reclaman la “urgente” sanción del proyecto porque “no hay más tiempo”. Es que el 17% de las 140 mil personas que conviven con el virus en Argentina desconocen el diagnóstico, mientras que cada año se registran un promedio de 4.500 nuevos casos diagnosticados y más de 1.300 muertes relacionadas con el Sida.

Los principales puntos

El proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales y el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos.

Además, establece la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social. Los años de medicalización producen un “envejecimiento prematuro”, mientras que “la discriminación histórica” obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.

En este sentido, plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

La iniciativa también destina todo un capítulo a “las mujeres y personas con capacidad de gestar”, consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto “favoreciendo el derecho al parto vía vaginal”), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.

En ese sentido, establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben “tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres”.

El texto también deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la “criminalización por la sola condición de la infección”. (DIB)

 
 

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