
El partido de General Pueyrredon discute por estos momentos en el Concejo Deliberante un tema polémico: la utilización de un sistema de reconocimiento facial para encontrar delincuentes prófugos. El proyecto, elevado por el Ejecutivo municipal en enero de este año, tiene aristas complejas, como por qué manos pasará la información y si se respetarán la privacidad y los derechos humanos de la población.
Así, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, aseguró que el software servirá “para que ladrones, asesinos o violadores” tengan “juicio y castigo”, al tiempo que lo consideró “fundamental” para colaborar con la Policía y la Justicia.
El proyecto de Reconocimiento Facial de Prófugos generó fuertes cuestionamientos del Frente de Todos, donde el concejal Vito Amalfitano denunció la “intención” del Gobierno municipal de instalar un sistema de espionaje, con críticas a las que se sumó el Inadi, que afirmó que “compromete derechos fundamentales de la ciudadanía”. La respuesta de Juntos a la oposición no se hizo esperar y el concejal Agustín Neme los acusó de defender a delincuentes.
En abril, la instalación de un sistema similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue suspendida por la Justicia.
Respuestas
Ferlauto redactó un informe enviado al Concejo Deliberante, en respuesta a un requerimiento de la Comisión de Seguridad, presidida por Nicolás Lauria (Crear Juntos). Los concejales le habían solicitado que contestara cuatro puntos: quién recibirá y retendrá la información (si el Centro de Monitoreo o una empresa privada), si estarán protegidos los derechos humanos y la privacidad, cuál es la empresa que se utilizará y a qué refiere el proyecto cuando habla de “comportamiento dinámico”.
Ferlauto respondió las cuatro preguntas en su informe, según comentan medios locales. Afirma que la información será captada por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Y aclara que la solución de software “solo permitirá el almacenamiento de información en caso de existir coincidencia entre la persona buscada en proceso judicial y la imagen correspondiente”.
Por otra parte, el secretario precisa que el sistema “debe permitir conocer la identidad de una persona buscada” con una imagen o en tiempo real, “utilizando en ambos supuestos bases de datos oficiales”. “En caso de acontecer la identificación –añade– se informará de manera inmediata a las fuerzas de seguridad y/o autoridades judiciales o fiscales competentes para su intervención”.
“Derechos fundamentales”
El funcionario apunta que “todas las acciones vinculadas a la seguridad ciudadana implican derechos fundamentales”, que, “como indica el artículo 14°” de la Constitución, “no son absolutos”. Pone varios ejemplos: “En los operativos de interceptación vehicular se afecta el derecho a la libre circulación; en la videovigilancia, el derecho a la imagen; en una aprehensión civil, el derecho a la libertad personal; en el control de acceso a un evento masivo, al solicitar documentación y realizar un ‘cacheo de seguridad’, el derecho a la identidad o a la integridad física”. “De lo que se trata –agrega– es de que dichas acciones sean llevadas adelante con un fin lícito y de modo razonable”.
El titular de Seguridad sostiene en el escrito que, si bien el sistema de reconocimiento facial de prófugos “permite conocer la información biométrica de personas, resulta completamente ajustado a derecho, máxime teniendo en cuenta que el proyecto establece con meridiana claridad que toda la información que no produjera coincidencias con individuos buscados debe ser completamente descartada”.
Ferlauto definió como “importantísima” la iniciativa para “preservar la seguridad” de los vecinos, lo que “también constituye un derecho fundamental”.
Puntualizó que el sistema permitiría saber quién cometió un delito o identificar a prófugos de la Justicia, “siempre con la autorización judicial o fiscal correspondiente y consultando con bases de datos oficiales”.
Contratación
La empresa que proveerá el software de reconocimiento facial “dependerá del resultado del proceso de contratación que se realice una vez que se apruebe el proyecto”, aclara Ferlauto, y asegura que eso se hará “siguiendo los lineamientos de la normativa vigente en materia de administración municipal”.
“En respuesta al último punto del requerimiento, se especifica que comportamiento dinámico se refiere a la detección de movimientos, como puede ser el paso de objetos sobre una determinada línea imaginaria”, señala. Y, antes de terminar, destaca la importancia de aplicar la tecnología para lograr “sociedades más justas y seguras”.
Tras recibir el informe, la Comisión de Seguridad se mantiene a la espera de otros dos reportes: uno de la Secretaría de Hacienda, para conocer el costo estimado de la contratación de la aplicación; y otro de la Subsecretaría de Legal y Técnica, respecto a la legalidad de la iniciativa. (DIB) MM
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