Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en el partido bonaerense de Tigre, pidieron que los ocho profesionales de la salud imputados vayan a juicio oral como presuntos responsables de un “homicidio simple con dolo eventual” al considerar que sus “omisiones” y “desmanejos” colocaron a la víctima en una “situación de desamparo” y librándola “a su suerte” en el marco de una internación domiciliaria “indignante”.
El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a pocos días de cumplirse un año y cinco meses de la muerte del exfutbolista, a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante una internación domiciliaria que cursaba en el barrio privado San Andrés, del mencionado distrito.
“Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está”, señalaron en el pedido.
Este requerimiento incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luciano Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni, los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
El equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, tras concluir que el equipo médico de Diego Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “Diez” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad. (DIB) ACR
