La Cámara de Diputados arranca este martes el debate en comisiones para intentar unificar una propuesta que pueda modificar la actual Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020 y que genera un gran dolor de cabeza principalmente a los inquilinos.
El principal desafío que enfrentan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es el de hallar un consenso que permita tener un dictamen único, ya que a fin de mes vence el plazo que se autoimpusieron para finalizar la discusión.
A partir de las 13, la comisión de Legislación General que encabeza la oficialista Cecilia Moreau, recibirá a 43 expositores, representantes de los distintos sectores involucrados en la norma, inquilinos, corredores inmobiliarios y propietarios, entre otros. “Queremos trabajar en estos 30 días hábiles que se fijaron para intentar conseguir un acuerdo, sobre una ley que muchos de nosotros acompañamos y que de hecho derivó en requerimientos muy importante tanto de los inquilinos, como de los propietarios, que no podemos dejar de atender y de escuchar”, señaló Moreau al definir el cronograma del trabajo en comisiones.
Será una extensa reunión, dada la amplia lista de oradores -tendrán alrededor de cinco minutos cada uno-, a fin de que cada parte pueda exponer su parecer sobre lo que debería ser una nueva Ley de Alquileres.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años. Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que la iniciativa no logró los objetivos para los que había sido sancionada con amplio consenso.
También tuvo diferentes cuestionamientos al índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.
También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes. (DIB) FD