La Corte Suprema de Justicia convocará, en el primer semestre del año, a cuatro audiencias públicas para escuchar a las partes en algunas causas sensibles de y alto impacto social, como las relativas al cannabis medicinal o con los corredores inmobiliarios. También figuran en agenda el derecho al olvido en Internet y un tema de medio ambiente como el conflicto entre la conservación del yaguareté.
Los temas para las audiencias fueron definidos por los jueces supremos al cabo del primer acuerdo de 2022, que se celebró tras la marcha convocada por un sector del oficialismo en la que se reclamaba la renuncia de los magistrados de la Corte y antes de otra manifestación menor a favor del máximo tribunal, realizada el jueves.
En una acordada del 2007, el máximo tribunal implementó las audiencias públicas con el propósito de “elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho”. Las reuniones son públicas y allí concurren los representantes legales de las partes para ser escuchadas e interrogadas por los magistrados de la Corte, quienes luego fallan en función de estos y otros elementos.
En estas audiencias participan los abogados de las partes en disputa, que exponen su caso ante los jueces de la Corte, en una audiencia que se realiza a la vista de todos. Se pueden presentar amigos del tribunal, es decir actores ajenos al conflicto pero con un interés en hacer un aporte científico o dar su punto de vista, por estar ligados a la temática que se trate. Los jueces de la Corte pueden interrogar a las partes y al cabo de la audiencia dictarán una sentencia escrita.
En el caso del cannabis la Corte deberá atender el cuestionamiento a la exigencia de inscribirse en un programa estatal de investigación, como condición para acceder al aceite, además de la objeción a la prohibición del autocultivo para tratamiento en menores.
En el derecho al olvido, los cuatro jueces deberán analizar el pedido de bloqueo de información en internet que afecta la privacidad de las personas por hechos ocurridos en el pasado.
En tercer lugar, la audiencia pública discutirá un pedido para preservar el hábitat del Yaguareté –en peligro de extinción-, que implicaría la suspensión de una “explotación productiva”.
Finalmente, antes de mitad de año, la Corte escuchará los argumentos en torno a los “corredores inmobiliarios”, sobre los conflictos recurrentes entre los colegios de corredores y las empresas de “servicios complementarios” a la actividad inmobiliaria, por los alcances de esa actividad profesional.
La de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Se encuentra en debate si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. (DIB) FD