El gobierno de Alberto Fernández, a través del decreto 76/2022 publicado esta mañana en el Boletín Oficial y en conjunto con la firma de todos los ministros, formalizó el comienzo del proyecto de construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con Santa Fe atravesando la provincia de Buenos Aires
El documento enumera las fuentes de financiamiento, aunque todavía no hay detalles de los montos concretos de cada una. Además, estima el ahorro que el Gobierno busca generar, en función de la reducción de importaciones de gas que implicará el aumento de la capacidad de transporte.
El gasoducto unirá Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con la ciudad de San Jerónimo, en Santa Fe, pasando por Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, a la altura de Salliqueló. Según el Gobierno, la construcción es prioritaria para la provisión energética. “Un retraso podría poder en riesgo el abastecimiento interno de nuestro país”, alerta el decreto.
Por un lado, la obra resulta fundamental para incrementar la operación de Vaca Muerta. Los productores de gas de la cuenca no pueden aumentar su producción debido a la “imposibilidad de evacuarla”. Con el gasoducto, podrían aumentar 1.000.000 m³ diarios (pasaría de 5 a 6 millones por día).
Otro de los objetivos es reducir la importación de gas natural líquido (GNL). Ieasa, la misma empresa que tendrá a cargo la obra y la concesión del gasoducto también es responsable del Gasoducto Juana Azurduy, en el noroeste, a través del cual se importa gas de Bolivia. El otro mecanismo es la compra de cargamentos de GNL que llega en buques a Escobar o Bahía Blanca.
En septiembre del año pasado, Ieasa ya había adquirido 56 buques de entre 56.902m³ y 83.999m³. En total, compró al exterior 3.565.873m³. Fueron requeridos 25 más que en 2020 (31) y la demanda se duplicó en dos años, siendo que en 2019 fueron comprados 26. El déficit energético genera un impacto en la balanza comercial, debido a que el Gobierno tiene que desembolsar dólares para hacer el pago a proveedores. Frente a la escasez de reservas, buscan reducir la necesidad de divisas.
El Gobierno estima ahorrar hasta US$1000 millones por año en concepto de menor costo de abastecimiento de la demanda doméstica por sustitución de importaciones desde Bolivia y a través de buques de GNL. Además, estiman que el efecto neto sobre la balanza comercial energética sea de US$2500 millones por año, como consecuencia de un “incremento en los volúmenes exportados”.
Para la construcción, el Gobierno otorgó una concesión a Ieasa para construir, mantener, operar y prestar el servicio de transporte por el término de 35 años, aunque podría prorrogarse. Será responsable de licitar, contratar y ejecutar la obra.
Aunque el Gobierno no detalló el valor de la construcción en el decreto, la Secretaría de Energía informó que tendrá un costo preliminar de US$3471 millones, dividido en dos etapas. La primera unirá Neuquén con Buenos Aires, y costaría cerca de US$1566. La segunda parte consiste en el tramo entre Salliqueló y San Jerónimo, que implicará un desembolso adicional de US$1905 millones.
El financiamiento, según el decreto, se obtendrá de múltiples fuentes. Una de ellas son parte de los fondos provenientes del impuesto a la riqueza. La ley 27.605, que aprobó el aporte solidario y extraordinario, definió las prioridades de repartición de lo que el Estado recaudara. Un 25% sería asignado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A.”.
Sin embargo, el artículo no contempla la construcción de gasoductos. Por este motivo, el Gobierno intentó enmendar el problema. En medio de la discusión sobre el Presupuesto 2022 en diciembre del año pasado, el oficialismo buscó agregar 56 artículos más al proyecto, a último momento. Uno de los cambios fue el artículo 101. Sumó dos palabras al detalle de la ley del impuesto a la riqueza: “construcción y transporte”.
En ese entonces, explicaron que se trataba de agregados para habilitar el uso de esos fondos para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Estos términos hubieran permitido al Gobierno asignar el 25% de lo recaudado, pero, como el presupuesto fue rechazado, necesitarán una modificación de la norma original para poder llevar adelante el financiamiento.
Si se modifica la norma, el Gobierno podría hacerse de US$520 millones, un tercio de lo necesario solamente para la primera etapa. Según el decreto, el resto de las fondos provendría de las siguientes fuentes, si bien no aclaró los montos respectivos: (DIB)