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06/12/2021
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Aprueban un proyecto para ayudar a personas en situación de calle y convierten en ley beneficios a viñateros

Si bien Etiquetado frontal fue protagonista, la Cámara de Diputados avanzó con varias iniciativas en su sesión maratónica.

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En una jornada maratónica y tras tres meses sin sesionar, la Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de varios proyectos, como el de Etiquetado Frontal, que ya es ley; así como también con una iniciativa que propone coordinar ayudas para personas en situación de calle, que esta madrugada obtuvo media sanción. También se aprobó la ley de beneficios a trabajadores viñateros y un proyecto para crear un programa nacional de oncopediatría.

Luego de Etiquetado Frontal, uno de los proyectos que convocó más militantes en la Plaza fuera del Congreso fue el que está destinado a personas en situación de calle, que fue aprobado por amplia mayoría y girado al Senado.

La iniciativa del diputado Federico Fagioli, obtuvo esta madrugada 191 votos y 7 abstenciones que fueron aportados por el Frente de Todos, los Interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, Acción Federal y la izquierda y la mayoría de Juntos por el Cambio, ya que la Coalición Cívica se abstuvo.

El proyecto propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle. Concretamente, establece la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una “red nacional de centros de integración social” con formación y capacitación en oficios.

Además se resuelve la creación de una red de Centros de Integración Social a escala nacional, “de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, 24 horas por día, todos los días del año”.

Además, contempla la realización de un censo de personas en situación de calle, a cargo del Ministerio de Desarrollo en conjunto con el INDEC.

En la actualidad no existe ningún relevamiento oficial que recabe ese tipo de datos a escala nacional y son las organizaciones sociales las que en muchos casos se han hecho cargo de ese trabajo.

Beneficios a viñateros

La Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada, además, los proyectos de un régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola y de una reforma del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista.

El proyecto sobre el régimen jubilatorio para los trabajadores viñateros se aprobó con 173 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, Acción Federal, la izquierda y la mayoría de Juntos por el Cambio, aunque hubo 22 negativos que correspondieron a esa fuerza política.

De acuerdo a esa iniciativa diseñada por la senadora mendocina del Frente de Todos Anabel Sagasti Fernández, los trabajadores de la actividad vitícola podrían jubilarse con 57 años cuando tengan acreditado 25 años de servicios.

La contribución patronal respecto de las tareas referidas será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en dos puntos porcentuales.

Por otra parte, el plenario legislativo aprobó con 193 votos una modificación del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales donde se establece que el contratista tendrá una mensualidad mínima y se modifican las condiciones de la indemnización.

El proyecto establece que en los casos en que la “rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad aun cuando no se complete el primer año de trabajo”.

También, la iniciativa determina que “la remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) debe ser fijada por la Comisión Paritaria que se crea por este estatuto”.

Asimismo, corresponde al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al 15% ni superior al 19% de ésta, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas.

Según un informe, ambas iniciativas abarcan un universo total de cerca de 38 mil argentinos y argentinas, de los cuáles entre el 60 y el 65 por ciento son de la provincia de Mendoza aunque abarca también a San Luis y San Juan y Salta.

Actualmente, los contratistas cobran 10 mensualidades y a partir de la modificación pasarán a percibir 12 y conservarán el 15 por ciento de la producción que comparte en manera de sociedad con el dueño de la finca.

Programa Nacional de Oncopediatría

Asimismo, Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que establece la creación de un Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad en los menores de edad y garantizarle sus derechos.

La iniciativa fue sancionada por 226 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los  Interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, Movimiento Popular Neuquino, Acción Federal y el Frente de Izquierda.

El debate fue observado por padres y madres que tienen hijos que padecen cáncer y venían reclamando la sanción de esta iniciativa  y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes se ubicaron a escuchar el debate desde el palco de los invitados.

El dictamen establece la obligatoriedad de elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad que respete todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

También, especifica que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del ciento por ciento en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

A través de la iniciativa, se determina -además- que el Estado nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

Además propone difundir y capacitar en estrategias para optimizar el diagnóstico precoz en cáncer infantil, así como gestionar el funcionamiento de la red de los centros oncológicos que atienden a dichos pacientes a nivel nacional. (DIB)

 
 

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