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13/05/2021
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Disputa por la presencialidad escolar: La Corte pide otra opinión a la Procuración

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La Corte Suprema de Justicia dará intervención a la Procuración para que se pronuncie sobre la presentación que hizo el gobierno nacional contra el amparo del Jefe de Gobierno porteño para no aplicar en la Ciudad Autónoma la suspensión de clases presenciales dispuesta ya hace más de una semana por el presidente Alberto Fernández.

La decisión de la Corte se formalizó hoy durante el encuentro virtual del Tribunal, que se llevó adelante con el contexto del conflicto entre Nación y Ciudad de Buenos Aires con respecto a la constitucionalidad o no del decreto que suspendió las clases presenciales en el ámbito del AMBA hasta el próximo 30 de abril.

Tras la presentación de los argumentos presentados por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, jefe del cuerpo de abogados del Estado, la Corte dará curso a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, para que dictamine sobre el planteo.

Será Laura Monti, responsable del área de Derecho Público no Penal, quien analice la presentación y dé su opinión sobre el tema.

La opinión de la Procuración General de la Nación no es vinculante, pero es un paso habitual de la Corte antes de decidir sobre cuestiones que lo ameriten. El máximo tribunal le dio un plazo de 72 horas para presentar el dictamen.

Los pasos procesales que se fueron adoptando dejan a la Corte al borde de emitir un fallo –si es que lo hace- se transforme en abstracto, ya que la medida que es objeto de la controversia vence tiene validez hasta el viernes.

Por lo pronto, las autoridades de Nación, Provincia y CABA retomaron hoy el diálogo, a nivel de Jefes de Gabinete, con el objetivo de definir cómo seguirán las medidas restrictivas a partir del lunes 3 de mayo.

En lo que respecta al contenido escolar de ese eventual nuevo set de medida, tanto el Gobierno de Fernández como el porteño mencionaron la posibilidad de tomar una opción intermedia entre las dos posturas encontradas: las clases administradas en los colegios, con una presencialidad “administrada” que permita reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento exponencial de casos. (DIB) AL

 
 

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