El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará este lunes en un plenario extraordinario, en el marco del 8M, la creación de un registro público de jueces y juezas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados mata monitorear las respuestas que se brindan en las denuncias que involucran hechos de violencia de género.
Estas dos propuestas buscan dar señales frente a los crecientes reclamos por una “Justicia antipatriarcal” tras los últimos femicidios de resonancia pública a partir de los cuales se conoció el desamparo de las víctimas que habían realizado denuncias previas por violencia de género.
Según informó el diario Página 12, el plenario extraordinario está convocado para las 11.30 y se podrá seguir por el canal de youtube del Consejo de la Magistratura.
La creación del Registro Público de denuncias contra jueces y juezas llega con dictamen con apoyo unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo.
Además, junto con la creación del Registro de denuncias contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género en el área del Plenario del Consejo de la Magistratura, se votará cómo anexo un protocolo que establece cómo se cargarán los datos. El proyecto de resolución dice que el mismo plenario deberá definir “en un plazo de 30 días corridos desde su creación” la forma en que se hará operativa la publicidad del Registro.
La otra propuesta del presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, que se votará hoy, apunta a que en el plan de auditoría que implemente el Consejo de la Magistratura se recabe información desde 2018 hasta la actualidad sobre las causas vinculadas a la violencia de género.
Además, se quiere saber si magistrados y funcionarios que tratan estos casos han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela y cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus tareas.
Molea propone que se respondan múltiples preguntas sobre el tratamiento que recibieron las denunciantes y qué medidas se implementaron desde la justicia. Entre otra información, propone que se conozca la cantidad de expedientes que se abrieron en los últimos tres años, cuántos están en curso, el estado procesal, el fuero en el que tramitan, los juzgados intervinientes, los delitos investigados, por dónde ingresaron (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, comisarías, juzgados de turno). (DIB)
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