El 10 de enero de 1994, nueve efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, sin dar la voz de alto, dispararon más de 270 balazos contra dos vehículos y mataron a cuatro de los cinco ocupantes. Según los peritajes realizados por la Gendarmería, todas las víctimas fueron asesinadas cuando estaban fuera de los automóviles. Fue esa balacera, conocida como la Masacre de Wilde, la que parió el término “Maldita Policía”. Esto es, cuando uniformados bonaerenses armaban operativos para matar a inocentes o a aquellos que se negaban a pagar las coimas para cometer todo tipo de delitos.
Sin embargo, en Necochea, ese hermoso distrito que respira aires de la costa atlántica, la familia de Saúl Canessa cree que la ciudad tiene el triste antecedente de ser uno de los primeros lugares desde el regreso de la democracia en sufrir a “esa” Policía. El joven, amante del ajedrez y campeón argentino de esa disciplina en 1989, murió en un confuso episodio en el que efectivos de la Bonaerense estuvieron involucrados. Ocurrió en 1992, y aún hoy la familia y los amigos tienen interrogantes sobre su muerte.
Saul, de 23 años, manejaba su moto el 20 de junio de 1992 cuando tuvo un accidente. En ese momento, lo detuvieron al encontrarlo en la calle mientras caminaba tambaleándose, de acuerdo a la Policía, por estar en un estado de ebriedad. El calabozo fue su destino inmediato, sin que antes pase por una inspección médica.
Varias horas después, y debido a las quejas de dolor del ajedrecista, recibió atención médica, y fue trasladado primero al Hospital de Necochea pero luego, por la complejidad de su cuadro, al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde murió el día 23. Cuando ingresó al nosocomio, sin historia clínica, sin ropa y sin ningún familiar que lo acompañara, su estado era gravísimo ya que presentaba fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica.
Situaciones que “no cierran”
Desde un principio, Mónica Comaschi, madre del joven, sospechó que algo raro había en torno a la muerte. Su teoría: su hijo había sido salvajemente golpeado por efectivos antes de ingresar a la comisaría. ¿Cuál fue una de las primeras luces que encendieron la alarma? Que policías le sacaron las huellas digitales al cadáver de su hijo en pleno velorio, algo que debería haberse realizado en el momento de su detención.
Comaschi, quien impulsó durante años la investigación inclusive buscando pruebas, recorrió radios y canales de TV para dar a conocer una versión diferente a la que planteaba la fuerza y que sostenía la Justicia. De acuerdo a su relato, al joven lo detuvieron en plena calle y lo llevaron a la zona de la playa, donde fue torturado y golpeado hasta provocarle una fractura de cráneo. Fue allí cuando llegó esposado a la comisaría. De hecho, la segunda autopsia que se realizó en 1997 detectó una lesión hemorrágica en el muslo derecho, en la rodilla izquierda y una fractura en la fosa media cerebral.
Tras la muerte del joven se hizo cargo de la causa la jueza Marta Raggio, pero la madre de Saúl nunca confió en su desempeño. “La verdad es que la Policía mató a mi hijo”, repetía cada vez que se le acercaba un micrófono, hipótesis lejana a la que se planteaba en la causa. En qué se basaba la mujer: en que el cuerpo fue inhumado sin su autorización o en testimonios de testigos que reconocieron que a su hijo le pegaron.
Recién en julio de 1996, un comisario, un subcomisario y otros oficiales de la Bonaerense junto a dos médicos fueron detenidos por su vinculación con la muerte de Canessa, imputados del delito de privación ilegal de la libertad y abandono de persona seguida de muerte. Fue el comisario inspector Carlos López de la Delegación Judiciales de Quilmes quien a cargo de la investigación advirtió numerosas irregularidades en la instrucción y comprobó que la primera enfermera que atendió a Canessa, por ejemplo, no había sido citada a declarar.
Sin embargo, el paso del tiempo y las pruebas perdidas hicieron que los policías no fueron condenados. En un juicio en octubre de 2001, donde seis efectivos y un médico fueron al banquillo de los acusados, solo el profesional de la salud, Héctor Pando, fue condenado a cumplir cuatro años en prisión por el abandono de persona seguida de muerte, cinco años de inhabilitación profesional y ocho años para ejercer cargos públicos. La familia, frente a esto, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En diciembre del año pasado, cuando el intendente de Necochea nombró a Héctor Giglio como Coordinador de Políticas Públicas de Seguridad, el tema volvió a la primera plana de los medios locales. Es que el excomisario, que ese momento era oficial de la comisaría 1°, fue acusado por Comaschi de entorpecer la investigación. Giglio, pese a las críticas de un sector de la oposición política, sigue en su cargo. Y la mamá de Saúl, a más de 28 años de la muerte de su hijo, sigue peleando por la verdad. (DIB) FD