El gobierno nacional reveló hoy que volvió a abrir una línea de negociación con la multinacional Pfizer para intentar que su vacuna contra el coronavirus se aplique también en Argentina, una posibilidad que semanas atrás se había complicado por diferencias en torno a las exigencias de contratación que plantea la farmacéutica.
“Estamos trabajando porque ellos tienen requerimientos propios de la empresa y nosotros tenemos que cumplir con la normativa vigente. Estamos viendo si eso es posible”, dijeron fuentes del gobierno nacional, luego de que trascendiera un contacto directo entre directivos de Pfizer y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que se produjo ayer.
Se trata de una vuelta a las negociaciones luego del quiebre de la relación que reveló el ministro de Salud, Ginés González García, cuando días atrás dijo que los requisitos que Pfizer le viene pidiendo a la Argentina para proveer de la vacuna contra el coronavirus son “inaceptables”.
Según pudo saber DIB, son al menos tras las exigencias de la compañía: una prórroga de jurisdicción por litigios ocasionados en la aplicación de la vacuna; una cláusula de confidencialidad y la determinación de si eventuales indemnizaciones correrían por cuenta del Estado o la empresa.
Bajo esas premisas, el nuevo dato es que ahora la negociación continúa. De conciliarse las diferencias deberá pasar también por la aprobación de la ANMAT y recién después la vacuna de Pfizer se podría aplicar en el país.
González García, cuando reveló la tensón con la compañía, había dicho que Pfizer reclamaba una nueva ley, distinta a la que ya se sancionó, para regular el contrato, y además que el documento estuviera firmado por el presidente Alberto Fernández.
El Congreso sancionó el mes pasado la ley 27573 que otorga amplias facultades el Poder Ejecutivo para la firma de contratos y también cobertura a la industria farmacéutica para asegurarse el cumplimiento de los acuerdos y el pago. Se la conoce como la “ley de vacunas” para generar inmunidad contra la covid-19. Pfizer pide más.
La clave de la encrucijada jurídica está en el artículo 4 de esa Ley de Vacunas que el Congreso sancionó a instancias del Poder Ejecutivo. Ese artículo establece que Pfizer no será responsable por sus dosis en la Argentina “con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia
En el Gobierno lamentan que aún no se pueda cerrar el contrato. El desencanto es mayor porque consideran que los representantes de Pfizer “fueron tratados de maravilla”. Resaltan que “Los recibió el Presidente y hasta tuvieron récord de voluntarios”, en referencia a la reunión de Alberto Fernández con el gerente general Nicolás Vaquer en julio, tras la cual comenzaron las pruebas en el país.
Ahora, la intención es lograr un acuerdo para aplicar 1.500.000 mil dosis entre enero y marzo. Una dificultad adicional que impediría un mayor despliegue de este producto estaría dado por la logística, ya que la vacuna de Pfizer requiere refigreración a -80 grados centígrados, algo que no se puede garantizar en muchos lugares de argentina.
Pfizer había sido la primera compañía con la que el gobierno argentino tomó contacto para tratar de asegurarse la provisión de la vacuna. Antes de que surgieran los cortocircuitos se había hablado de la posibilidad de que llegasen al país hasta 4 millones de dosis. (DIB)