La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril al inicio de la cuarentena por el coronavirus y su cadáver fue hallado el 15 de agosto último en un cangrejal de la localidad de Daniel Cerri, pidió el apartamiento de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso, al considerar que su accionar “vulneró la garantía de imparcialidad”.
“Seguimos luchando contra gigantes. Hemos recusado a la jueza porque consideramos que está actuando de una forma infantil. Ha aprovechado en cada presentación de los fiscales para advertirle a la policía sobre lo que se iba a hacer, por lo que no ha dejado llevar adelante la investigación como se debía”, dijo Cristina Castro, luego de que sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio presentaran el pedido de recusación contra la magistrada.
En el escrito, al que tuvo acceso DIB, los abogados subrayaron que consideran “temeraria” la conducta de la jueza “por ser violatoria de principios con raigambre constitucional y de normativa internacional”.
Además, remarcaron que no avanzar en esta solicitud, podrían recurrir “ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del recurso extraordinario federal previsto en el art.14 de la ley 48”.
Sobre el accionar de Marrón, resumieron: “Su conducta y manifestaciones dejadas entrever a través de sus resoluciones en estos autos que han implicado cambio de valoraciones sobre el trabajo del órgano acusador sin motivo alguno, la inobservancia de las recomendaciones internacionales a la hora de investigar un delito que viola derechos humanos, el avasallamiento de las funciones propias del Ministerio Público Fiscal, la sospecha de una conducta tildada por usted como ‘delictiva’ de manera infundada y sin obedecer con el deber de denunciar que se encuentra establecido en el presente código de rito y el halo de sospecha generado sobre las declaraciones de la víctima, entre otros hechos más detallados en este presente escrito, nos hacen tener que plantearle la recusación”.
Consideraciones
En la presentación, de 88 páginas, los abogados de Cristina Castro pusieron énfasis en el accionar de las fuerzas de seguridad por fuera del marco regulatorio establecido en el inicio de la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, por el Gobierno Nacional.
“Se les encomendó a las fuerzas de seguridad prevencionar a aquellos ciudadanos que estaban infringiendo el aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), dar comunicación de esta situación al Juzgado de turno Federal y reconducir al ciudadano a su domicilio. Son los jueces federales los que deben controlar que dicho procedimiento sea acorde a derecho para evitar una desmesura en el accionar por parte del estado a través de dicho organismo”, señalaron, y añadieron: “El personal policial ha obrado con absoluta discrecionalidad, sin apego al marco legal, que como auxiliares de la justicia debían haber orientado sus intervenciones, y mucho menos han sometido sus decisiones al control judicial”.
En esa línea, los letrados remarcaron que Facundo Astudillo debió ser llevado a su domicilio sin violentar su integridad física, lo que estuvo “lejos de las intervenciones reactivas sobre el joven que fueron saliendo a la luz a medida que la causa adquirió estado público”.
La querella también destacó que la jueza Marrón evaluó “posibles comportamientos delictivos de auxiliares de la justicia”, en referencia al hallazgo del amuleto que llevaba Facundo y que pareció en el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone.
Remarcaron que la jueza indicó que había que investigar a Marcos Herrero y al perro que encontró el amuleto porque el can “no tenía aptitud para oler rastros de la víctima”. Ante el planteo se preguntaron: ¿No sería prudente investigar también la legalidad y validez del procedimiento de allanamiento realizado en el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone? ¿Sospecha del accionar de Marcos Herrero porque fue propuesto por la querella?
Los letrados también pusieron especial relevancia para presentar la recusación en “la imposibilidad que se ha demostrado desde la instrucción de esta causa para evitar el filtrado de información” a funcionarios y medios periodísticos. En el documento citaron declaraciones textuales de periodistas, medios de comunicación y del Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, que dan cuenta de la filtración de datos del expediente que no debían ser dados a conocer públicamente, dado el marco de la investigación y del secreto de sumario. (DIB) AR