10.1 C
La Plata
25/06/2021
InicioPolíticaLos juristas le recomendaron a Fernández cambiar el modo de elegir al...

Los juristas le recomendaron a Fernández cambiar el modo de elegir al Procurador

El punto de vista de la comisión coincide con el plan de un sector oficialismo para reemplazar al interino Casal.

Publicidad
Publicidad

El Consejo Consultivo de Juristas sobre la reforma judicial se pronunció hoy por reducir la exigencia de mayoría especial a mayoría simple para la elección del Procurador, al tiempo que recomendó ampliar el número de miembros del Consejo de la Magistratura pero no el de la Corte Suprema, donde optó por crea un tribunal intermedio para mejorar su funcionamiento. Además, propuso eliminar la oficina anticorrupción como entidad autónoma.

Las modificaciones están contenidas en un documento de unas 800 páginas que contiene el resultado del trabajo de la comisión, que arrancó su tarea hace 90 días, cuando el presidente Alberto Fernández le encomendó analizar temas complementarios de la reforma que él presentó al parlamento como proyecto de ley, y que ya tiene el voto del Senado, mientras que se espera que Diputados la trate en sesiones extraordinarias.

Las recomendaciones –que no son vinculantes para el presidente- se tomaron por votación, ya que en varios puntos importantes los expertos no se pusieron de acuerdo sobre el camino que debe seguirse. El más llamativo es el que hace referencia al funcionamiento del Ministerio Público, que está en el centro del debate político por la intención del oficialismo de reemplazar al interino Eduardo Casal, nombrado durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese punto, votaron a favor de por flexibilizar la mayoría necesaria para nombrar al Procurador –pasaría de especial de dos tercios de los senadores a absoluta, es decir la mitad más uno- los abogados Carlos Beraldi, que es el defensor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carlos Arslanian y Marisa Herrera; el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra y los jueces de las cortes provinciales Claudia Sbdar (Tucumán) y Omar Palermo (Mendoza).

Por mantener los dos tercios, en cambio, se pronunciaron Inés Weinberg de Roca, la presidenta del máximo tribunal porteño, que fue candidata a procuradora de Mauricio Macri; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego).

En los hechos, el cambio, que se justifica con el hecho de que el cargo dejaría de ser vitalicio, implicaría que en vez de los 48 votos que se necesitan hoy para nombrar a un Procurador serían en el futuro solo 37 los senadores que deberían dar el sí. El cambio es sustancial: con el primero criterio, la oposición puede bloquear hoy la designación de un sucesor de Casal, con el segundo, el oficialismo puede avanzar por cuenta propia.

De hecho, en el senado ingresó días atrás un proyecto de Alberto Weretilnek, el exgobernador de Río Negro y aliado del FdT que propone un esquema similar. Si bien las decisiones del Consejo no son vinculantes, el pronunciamiento supone un aval argumental para la posición de oficialismo, que podría ser usado en el debate parlamentario para sostener la intención de avanzar con los cambios en la ley de Ministerio Público.

En medio de ese debate, quedó la situación del juez federal Daniel Rafecas: el presidente Fernández presentó su pliego no bien asumió y ratificó días atrás que sigue siendo su candidato. Pero el magistrado advirtió que no asumirá si su nombramiento se produce con una mayoría que no sea la de dos tercios vigente hasta ahora, lo que choca con las intenciones del kirchnerismo en el Senado.

En tanto, respecto del funcionamiento de la Corte lo juristas no se pronunciaron por ampliar el número de sus miembros como se especuló, pero sí recomendaron crear una especie de tribunal intermedio entre la propia Corte Suprema y las Cortes provinciales,  que mejore su funcionamiento vía alivianar las causas en las que debería intervenir el máximo tribunal del país.

Las opiniones estuvieron divididas en este punto. Algunos juristas propusieron que el tribunal intermedio tenga competencia solo para temas del fuero federal; otros, que sea más amplia. Battaini, Kogan y Weinberg se opusieron a la creación de cualquier tribunal intermedio, con el argumento de que menoscaba el sistema federal y desconoce la autoridad de los superiores tribunales provinciales como última instancia previa a la Corte.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, la comisión propone que sus miembros sean 16, cuatro por cada estamento (incluido el académico científico). La mayoría, además, sugiere flexibilizar los requisitos a cumplir para acceder a los lugares reservados para el estamento académico científico. Promueve que estos consejeros no deban provenir solo del ámbito del derecho y que no necesariamente deban ser abogados. L

a comisión propone ampliar el universo a otras profesiones y especialidades, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su versación y compromiso en temáticas de género, diversidad sexual y derechos humanos. Esta propuesta no fue acompañada por Kogan, Battaini ni Weinberg.

El documento propone además eliminar la OA como organismo autónomo y se la reincorporaría al Ministerio Público. La recomendación es que la “Oficina Anticorrupción debería permanecer en la esfera del Poder Ejecutivo ejerciendo exclusivamente competencias no penales y debería titularizar la obligación funcional de remitir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal el caso que considere susceptible de ser enmarcado en una eventual denuncia o querella penal”. También se planteó que se debería establecer un mecanismo de designación de la persona a cargo de la Oficina Anticorrupción mediante “un acto complejo con intervención del Congreso”. (DIB)

 
 

Últimas noticias

Publicidad
Publicidad